
Una jueza obsecuente a los políticos de turno y a empresarios, dueños de estaciones de servicios de Presidente Franco, cercenó las atribuciones de los concejales opositores con una medida cautelar. Se trata de la magistrada Juana Teresita Martínez, de niñez y adolescencia de la VI Circunscripción Judicial, quien ordenó la suspensión de un pedido de los ediles colorados a través de una minuta de reconsiderar una aprobación de planos y planillas para la construcción de una estación de servicio de la empresa Tapiracuai S.A. en el barrio San Pablo. El concejal Hugo Mendoza consideró como una aberrante intromisión del Poder Judicial en la autonomía del cuerpo legislativo.
En sesión ordinaria de la Junta Municipal de Presidente Franco, el 15 de noviembre último los nuevos concejales opositores presentaron una minuta en la que solicitaron la reconsideración de la aprobación de planos y planillas para la construcción de un surtidor por varias irregularidades, empezando por su tratamiento en una sesión extraordinaria, “a escondidas” y a pedido de la intendente saliente Julia Ferreira (PLRA), llevada a cabo el 5 de noviembre por los concejales salientes, es decir, del periodo anterior.
Los miembros de la Junta Municipal que firmaron la minuta fueron los colorados Mauricio Torres, Luis Gallardo, Hugo Mendoza y Joel Torres. Indicaron que en la sesión del 5 de noviembre estuvieron presentes 10 concejales, de los cuales cuatro hicieron constar su disidencia y dos estuvieron ausentes, por tanto, hay dudas de mayoría simple para aprobar los planos y planillas para la construcción de un surtidor de la empresa Tapiracuai S.A. en el barrio San Pablo de la ciudad.
Es más, los ediles indicaron que para la obra no se ha registrado declaración de impacto ambiental, la superficie del inmueble no es la medida que requiere un surtidor, se encuentra próximo a una institución educativa, local de bomberos, entre otras irregularidades debidamente comprobadas. Ante el pedido, la empresa Tapiracuai S.A., perteneciente a la familia Méndez, según los datos, recurrió a la jueza Juana Teresita Martínez para solicitar la medida cautelar para coartar la atribución de los concejales.
ABERRANTE INTROMISIÓN
La medida cautelar otorga la suspensión del pedido de los colorados por medio de la minuta. Según el concejal Hugo Mendoza (ANR), se trata de una aberrante intromisión del Poder Judicial en la autonomía de la Junta Municipal. “Para muestra vale un botón, dice un remanido refrán, cuando las movidas turbias de algunos concejales cuentan con el respaldo de un ‘juez’, aparecen estas acciones. Resulta que ahora, nuestras atribuciones establecidas en la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal, son cercenadas con medidas cautelares”, indicó.
“Si seguimos así, mañana nos ordenarán, desde cualquier juzgado, que dejemos de presentar minutas, proyectos de ordenanzas, dictaminar expedientes, dictar resoluciones, etc. Aberrante intromisión del Poder Judicial en la autonomía de la Junta Municipal de Ciudad Pdte. Franco”, agregó.
Los concejales anteriores y el intendente actual Roque Godoy son conocidos por llenar el municipio de surtidores a cambio de presuntas coimas por parte de los empresarios, ahora se suman jueces, cuyos “trabajos” no serían para nada gratis para los dueños de los surtidores. Es preocupante la intromisión para favorecer a los del poder de turno.