
Casi al cierre del expediente en la Fiscalía de Ciudad del Este, ayer se presentó el intendente de Minga Guazú, Diego Amílcar Ríos, a denunciar formalmente la destrucción dolosa de toda la base de datos informáticos y reemplazo del disco duro de la computadora utilizada en el departamento de administración y finanzas de la Comuna minguera. También denunció deudas que ascienden a unos G. 8.000 millones.
El escrito de 10 fojas, refrendado por el abogado Marciano Torres Ruiz, tipifica los hechos punibles como alteración de datos, sabotaje de computadoras, operaciones fraudulentas por computadora, manipulación de graficaciones técnicas, alteración de datos relevantes para la prueba, todos certificados por responsables de la proveedora del sistema informático “BD SOFT”, según resultado de análisis efectuado el pasado 11 del corriente. El procedimiento solicitado fue en el marco del corte administrativo de rigor al asumir el cargo la nueva autoridad municipal, ante la falta total de recursos financieros para cumplir con los compromisos asumidos por la administración de los hermanos Digno y Lucas Caballero Ruiz.
El servidor fue manipulado dolosamente y dejado sin datos referentes a contribuyentes, inmuebles, patente de rodados, registros de conducir, patente comercial e industrial, patente profesional, otros ingresos, liquidaciones de cuentas y financiaciones de las mismas. Asimismo, quedó sin registro de exoneraciones de cuentas, prescripciones de cuentas, ingresos de tesorería, datos de auditoría y otros, según la respuesta de la proveedora. El municipio quedó sin datos informáticos de contribuyentes y tributos recaudados por varios años, según la denuncia.
DESASTROZA ADMINISTRACION
De hecho, el nuevo administrador apunta directamente al exintendente Lucas Caballero, reemplazante de su hermano Digno; la licenciada Mirna Ramona Jiménez, contadora de la institución; el licenciado Cristóbal Cubilla, director de administración y finanzas y Félix Ordano Díaz, nombrado encargado del departamento de informática, siendo neófito en la materia. Los hechos se habrían producido en días previos al traspaso de mando, cuando intentaron cerrar la Comuna por 10 días.
LA INVESTIGACION
El sorteo aleatorio designó al fiscal Sergio Irán Villalba para investigar el caso, a quien se le entregó 54 fojas autenticadas que contienen las primeras evidencias técnicas practicadas por la firma proveedora del sistema informático. Inicialmente, se habla de la desaparición de unos G. 8.000 millones de la administración Caballero Ruiz, cuya imputación ya solicitaron en el escrito de denuncia. Habría una tercera empresa, “Green” que ayudó en la comisión de los delitos informáticos denunciados.