TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Sanción a jueza penal es muestra que la Corte opera de manera selectiva

Cinthia Garcete Urunaga, jueza penal de garantías de Ciudad del Este.

El sumario con suspensión sin goce de sueldo a la jueza penal de ejecución de la capital, Ninfa Torres, es una muestra acabada de la selectividad con que actúa la Corte Suprema de Justicia. La magistrada había ordenado arresto domiciliario al conocido narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias “Chapalo”, condenado en juicio oral y público a 26 años de cárcel, cuya defensa técnica alegó una dolencia para solicitar la modificación de su estado de prisión. El pleno de la Corte se “indignó” por la actuación de la jueza, quien ni se ocupó de corroborar con un médico forense la veracidad de sus argumentos.

El pleno de la máxima instancia, dijo que “esta es una situación que compromete la imagen del Poder Judicial, esta persona está condenada en dos casos, pido la suspensión sin goce de sueldo y la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, refirió el ministro César Garay, ofuscado, en la última sesión ordinaria. Su colega, Manuel Ramírez Candia, asumió que “hay que dar un mensaje claro desde la Corte Suprema sobre esta práctica que debemos erradicar, eso de mandar a los procesados a sus casas por estar enfermos, es intolerable”, remarcó. La jueza Torres está suspendida sin goce de sueldo y sus antecedentes, efectivamente, remitidos al JEM.

¿Y LA JUEZA CINTHIA GARCETE DE CDE?

Uno de los ejemplos recientes de las barrabasadas cometidas por la jueza penal de garantías Cinthia Garcete Urunaga, de Ciudad del Este, es el caso de Elías Daniel Peña Pérez, presunto jefe narco que no puede ser investigado porque está protegido por la citada magistrada. Peña Pérez tiene como defensor al equipo jurídico liderado por la pareja sentimental de la magistrada, quien, a todas luces, favorece al procesado, conforme las actuaciones que se desglos: El 5 de julio de este año, el fiscal Manuel Rojas imputó a Peña Pérez por acta nº 27, con pedido de declarar su rebeldía. Al día siguiente, la jueza Cinthia Garcete, por auto interlocutorio 882, lo declaró rebelde y suspendió los plazos para la presentación del requerimiento conclusivo. Apareció en escena el abogado Rolando Barboza, solicitando el levantamiento de la declaración de rebeldía y el 15 del mismo mes, Garcete Urunaga, por auto interlocutorio 918, levantó la rebeldía de Peña Pérez, sin que este se presente ante el juzgado, pero con algunas imposiciones, como presentarse ante el fiscal de la causa en plazo de dos horas, que nunca ocurrió. El día 16, la magistrada intima al fiscal para que posicione las medidas, ya requeridas y por ella concedidas con antelación.

El equipo jurídico de la pareja sentimental de la jueza Cinthia Garcete sigue operando hasta la fecha en connivencia con la magistrada, quien recibió nuevo pedido de declaración de rebeldía por parte del fiscal, el 20 de octubre pasado. Por A.I. número 1.423, del 22 de octubre, Garcete declaró rebelde nuevamente al procesado.

La cronología de hechos da cuenta que la magistrada Cinthia Garcete, quien asegura, será camarista de la segunda sala penal de la Sexta Circunscripción Judicial, incurrió en hechos tan graves, como los que merecieron el sumario y la suspensión sin goce de sueldo a la anteriormente citada de la capital del país. La Corte ni se inmuta, ni se indigna, ni pretende dar ejemplos, cuando la castigada deber ser la jueza penal de garantías Cinthia Garcete, quien sigue con sus tropelías de la mano de políticos devenidos a juzgadores de jueces, agentes fiscales, defensores públicos, jueces de paz y síndicos de quiebra, en complicidad con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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