Familiares del joven Osvaldo Barrios, asesinado por el suboficial policial “gatillo fácil” Ariel Sanabria el pasado 4 de agosto, se declararon en “vigilia permanente” ante rumores de que el uniformado podría ser liberado por la Cámara de Apelaciones. La defensa del policía invoca el resultado de análisis laboratoriales, en el que se argumenta que la bala que mató a Osvaldo podría no corresponder al arma presentada por Sanabria. La actuación del fiscal de la causa, Edgar Modesto Torales, es muy cuestionada, pues no realizó ninguna diligencia importante e incluso estaría maniobrando para beneficiar al procesado.
De acuerdo con los datos, los familiares del joven Osvaldo Barrios, quien murió de un balazo disparado por el agente policial mencionado durante una persecución, confían en que la Cámara de Apelaciones confirme la resolución de la jueza Nilda Cáceres, quien dispuso que el uniformado siga guardando reclusión en la Agrupación Especializada, en la capital del país.
Sin embargo, lamentan la complicidad del fiscal Edgar Torales con las pretensiones del agente policial, ya que el representante de la sociedad se allana al pedido del abogado defensor del policía, por lo que consideran existe peligro de que los miembros del Tribunal de Alzada concedan la libertad al principal y único sospechoso de la muerte del joven padre de familia.
La viuda de la víctima, testigo en la causa, señaló estar con miedo ante la posible libertad del uniformado, atendiendo que esto representaría para ella un peligro, ya que en varias oportunidades recibió mensajes de amenazas, intimándola a desistir de la denuncia contra el policía. De acuerdo con los datos, la resolución sobre el caso se conocería este fin de semana. Alba Angelina Meza es la presidente del Tribunal Colegiado de Apelaciones que dará su preopinión respecto al pedido de la defensa del policía.
Los abogados del “gatillo fácil” invocan el resultado de análisis laboratoriales, donde la perito del Ministerio Público expresó su parecer de que la bala que mató al joven podría no corresponder al arma presentada por Sanabria. Sin embargo, en la misma conclusión, la profesional reconoció que una vainilla encontrada en el lugar de la escena del crimen corresponde a la pistola presentada por el policía.
Cabe recordar que el hoy imputado, al momento del hecho estaba prestando servicios en la comisaría 7ª del barrio San José, cuyo jefe fue el que informó quien fue el agente policial que había efectuado el mortal disparo. La querella adhesiva incluso posee filmaciones y fotografías del arma que el hoy imputado en el día del hecho estaba usando, sin embargo, posteriormente presentó otra, lógicamente las pruebas laboratoriales salieron negativas. Lo preocupante es la actitud del fiscal Torales, quien no efectuó ninguna diligencia importante durante la etapa investigativa y más bien trata de resguardar los intereses del policía.
El suboficial Sanabria proviene de una familia de uniformados, uno de sus hermanos está prestando servicio en Investigación de Delitos de Ciudad del Este y el otro en el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Los dos hermanos registran antecedentes, uno por supuesto rapto y extorsión y el otro por violación. Pese a los graves hechos, los mismos siguen impunemente en el cuadro la Policía Nacional.
