
Durante un conversatorio realizado ayer en el salón auditorio de la VI Circunscripción Judicial, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), senador Fernando Silva, y el electo, abogado Jorge Bogarín, se socializó la Ley 6814/21, que regula el procedimiento de denuncia contra magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y jueces de paz de la República, además de síndicos de quiebra. Los tres últimos entes fueron incluidos en los trámites acusatorios a partir de la vigencia prevista para los primeros días del próximo mes, en razón a numerosos reclamos de los abogados.
Los cambios introducidos en el nuevo sistema de aplicación de sanciones, puntualmente lo estipulado en el artículo 19, generó un controvertido debate, dada la previsión que ya no habrá denuncia contra magistrados, sino será acusación directa con condicionamientos. El JEM impone una caución real para solventar las costas, daños o perjuicios que ocasionen dichas acusaciones, caso resulten consideradas temerarias por parte de los acusadores. Se prevé como sanciones, los apercibimientos, las suspensiones y hasta multas que no podrán superar los 30 jornales mínimos. El acusador será dispensado de la caución, siempre que demuestre insolvencia y su acusación tenga fundamentos.
Los abogados manifestaron preocupación por las sucesivas absoluciones que obtuvieron en órgano juzgador, pese a los fundamentos esgrimidos en las presentaciones de los abogados y, en otras, abiertas de oficio. En ese contexto, Silva Facetti explicó que la oficiosidad del JEM termina con la vigencia de la nueva ley. Se tiene comprobado que un 75% de las causas abiertas ante el organismo fueron actuaciones de oficio de manera a remover o sustituir a determinados magistrados.
NADA DE RECLAMOS
El anuncio hecho por gremialistas fue que presentarán denuncias puntuales contra magistrados, que al final resultó una utopía, demostrando, una vez más, el dominio político absoluto de la situación, como pudo notarse. Silva Facetti, en un “sincericidio”, confirmó una denuncia contra magistrado, es juzgada políticamente, ya que el JEM es de origen político. Es así que los profesionales que se quejan a través de las redes sociales y algunos pocos en medios de comunicación no tienen el coraje de encarar los problemas reales, cuando tienen de frente a quienes resolverán las controversias. Con esta conducta de los profesionales no se avizora cambio en la administración de justicia y se da por descontado que la cuestionada jueza Citnhia Garcete se convertirá en camarista por la pasividad de sus denunciantes en redes.