
La cuestionada jueza penal de garantías, Cinthia Garcete Urunaga, de la mano de su principal protector y amigo, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el senador Fernando Silva Facetti (PLRA – Equipo Joven), maniobra para ser elegida miembro de la Cámara de Apelaciones en lo penal. La misma figura en la terna 1, con el puntaje más bajo, conjuntamente con Cinthia Leiva y Nilda Estela Cáceres, sin embargo, estaría traficando influencias para acceder al cargo. Se trata de una de las magistradas de muy criticada gestión en el Alto Paraná.
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga, quien está buscando afanosamente un lugar en el Tribunal de Apelación penal nº 2, segunda sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, se viene caracterizando en los últimos años en blanquear sistemáticamente a delincuentes y políticos corruptos, además de registrar un notable incremento en su patrimonio personal. Hubo algunos intentos por sacarla del cargo, pero todos fueron frenados por su “amigo”, el titular del JEM, senador Silva Facetti.
Cinthia Garcete Urunaga fue nombrada como jueza penal itinerante en febrero de 2016, tras desempeñarse como defensora pública en la región. En su primer mandato como magistrada, la misma ganó notoriedad pública por una serie de blanqueos, principalmente de cuestionados políticos y delincuentes, lo que generó indignación ciudadana en el Este.
El caso más sonado involucró al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa Sandra McLeod, exintendente de Ciudad del Este. Ambos son acusados por la Fiscalía Anticorrupción de desviar G. 3.700 millones de las arcas de la Municipalidad.
En diciembre de 2019, la jueza benefició al legislador cartista con la libertad ambulatoria, pese a que la Fiscalía solicitó su prisión preventiva por obstrucción a la investigación que fue evidenciada en grabaciones y mensajes de texto. Posteriormente, en junio de 2020, la magistrada sobreseyó al matrimonio Zacarías-McLeod, a pesar de que el Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Pero no solo colorados fueron beneficiados; también el exdiputado Carlos Portillo (PLRA), así como los exintendentes liberales de Hernandarias, Mario Castillo (+) y Erico Agüero, se vieron favorecidos por la dudosa actuación de esta magistrada. También en julio de este año, la jueza Cinthia Garcete levantó la orden de captura que pesaba sobre un jefe narco declarado en rebeldía por ese mismo juzgado, sin que el procesado se ponga a cargo de la justicia. Se trata de Elías Daniel Peña Pérez, cuyos demás datos se desconocen por permanecer prófugo de la justicia. Según el oficio 1.352, remitido por la magistrada al departamento de informática de la Policía, decretó la extinción del estado de rebeldía, en una decisión bastante llamativa.
En Paraguay, los jueces ganan unos 15 millones de guaraníes al mes, sin embargo, desde que asumió el cargo de magistrada, Cinthia Garcete registró un repentino bienestar económico, traducido en casas y vehículos de lujo.
Llamativamente, según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, se evidenció que la misma nunca pagó impuesto a la renta personal y recién este año se inscribió en la SET. La magistrada inauguró una lujosa mansión en el barrio San José, valuada en más de 200 mil dólares. Así también le regaló a su pareja, el abogado Luis Giménez, una camioneta valuada en más de 70 mil dólares. Ambos hacen ostentación en las redes sociales de sus bienes, que no se sabe cómo son obtenidos.
De modesta ujier en Caaguazú, Garcete se convirtió en “millonaria”, gracias a sus actividades en el ámbito judicial, según se desprende de sus declaraciones juradas. En su primera declaración, del año 2003, la misma tenía apenas G. 2 millones en efectivo y dos terrenos, uno valuado en G. 5 millones y otro en G. 8 millones. Para 2016, Garcete Urunaga –ya jueza de Ciudad del Este– declaró haber incrementado su patrimonio en más del 100%. Si en 2013 su patrimonio era de G. 482 millones, para 2016 era de más de G. 1.022 millones. Más del doble en apenas tres años. Para 2019, los activos de la jueza superaban los G. 1.584 millones. Ahora, de la mano de su amigo, el presidente del JEM, la misma busca mantenerse en el Poder Judicial a toda costa.