Acusan con pedido de juzgamiento público a transportador de cocaína
Un marginal detenido por la Policía en flagrante comisión de tenencia y transporte sin autorización de sustancias estupefacientes fue acusado ayer ante el juzgado penal de garantías de San Alberto por el fiscal antinarcótico Manuel Rojas. Augusto Sebastián Coronel Allende, de 32 años, guarda reclusión en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, luego de su detención durante un control efectuado por agentes antidrogas que manejaban datos precisos en torno a las características del rodado de gran porte que llevaba la sustancia prohibida, presumiblemente para su comercialización por facciones criminales del territorio brasilero.
Ocurrió el 25 de junio último en el cruce San Alberto de la Ruta PY07, cuando retuvieron y verificaron el tractocamión Mercedes Benz, de color blanco, chapa AEX657, al mando del ahora acusado. El camionero tenía en la cabina del rodado, detrás del asiento del acompañante, un doble fondo donde ocultaba 99 panes de polvo blanco que sometieron a la prueba primaria de campo y al pesaje dio 95 kilos de cocaína pura, por lo que se resolvió su detención preventiva y remisión a la unidad fiscal especializada para continuar el procedimiento. Coronel Allende se abstuvo de presentar su descargo en dos oportunidades en las que fue convocado para el efecto.
En la etapa preparatoria, la Fiscalía solicitó el 28 de junio del corriente la realización del análisis laboratorial e incineración de la sustancia prohibida en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas, acto encargado por el juzgado a Richard Méndez, perito de la SENAD, a quien, con los cuidados de la cadena de custodia, se remitió las muestras a la capital del país. La agencia fiscal presentó al juzgado penal de garantías de San Alberto su carpeta de investigaciones, con todas las actuaciones realizadas y las evidencias que implican al acusado en el hecho que lo expone a penas de hasta 25 años de prisión.
Los responsables de la investigación valoraron en USD 700.000 la pérdida para la organización criminal que encargó la encomienda al camionero, cuando la sustancia se comercialice en el Brasil y triplicando el monto cuando el destino final haya sido otro continente. Las pruebas irrefutables presentadas al juzgado como fundamento para requerir el juzgamiento público del encausado, ameritan una segura condena para el procesado, que podría llegar a la máxima prevista en la norma penal, bajo la cual se realizaron todos los procedimientos, siempre con la intervención del juzgado de garantías.
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