Caso Toryveté: INDERT continúa con trámites para regularización de tierras
Tras avanzar los trámites del proceso de apertura de mensura judicial de tierras ubicadas en la colonia Toryveté (Hernandarias) por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), campesinos del lugar acordaron establecer mecanismos de trabajo conjunto con el ente agrario para determinar la situación legal de tierras pretendidas por los mismos. Los labriegos están acampados desde hace más de un mes frente a la institución, en Asunción.
La presidente del INDERT, Gail González Yaluff, acompañada de su equipo jurídico, se reunió con las familias campesinas acampadas desde hace unas semanas frente a la institución en Asunción, para garantizarles que el ente avanza en el proceso de inicio de mensura judicial sobre las tierras pretendidas por las familias campesinas en la colonia Toryveté.
“Estamos haciendo el trámite que corresponde, no quiero que tengan dudas. Tenemos la certeza de nuestro trabajo. Les explicamos todo el procedimiento para avanzar hasta llegar a terminar todo el trabajo. Si el resultado es negativo, el INDERT tiene la obligación de resolver un lugar para ustedes; y si es positivo, enhorabuena, les corresponde. No es rápido el proceso, hay muchas cosas que hay que confirmar. Ahora se pidió informe a Registros Públicos”, señaló González a los campesinos.
Por su parte, el dirigente Marcial Acosta expresó que “estamos muy contentos porque encontramos una salida a nuestra problemática. Nuestra gente ahora sabe que el trabajo tiene su proceso. A partir de ahora, vamos a resolver nuestro caso con otra estrategia para lograr el objetivo que necesitamos”.
El referente campesino acotó que buscarán la forma de trasladarse “lo más rápido posible» a sus comunidades altoparanaenses y encarar la solución de la situación de las familias de forma articulada con el INDERT.
ANTECEDENTES
El grupo de campesinos estuvo por un año acampado frente a la oficina regional de INDERT, en Ciudad del Este, pero en la primera quincena de agosto del año en curso levantó su medida de fuerza, y la trasladó a la capital del país, frente a la sede del ente público, hasta lograr una solución al conflicto que tiene denuncias en el fuero civil y penal del Poder Judicial.
Son al menos 2.000 hectáreas y unas 200 familias las que reclaman la ocupación de esas tierras, que consideran están destinadas para los beneficiarios de la Reforma Agraria, pero fueron vendidas a extranjeros.
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