Son al menos 10 paraguayos, propietarios de inmuebles de pequeñas parcelas que adquirieron del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) en los años 90. Sin embargo, ahora una medida cautelar, concedida por un juzgado de la capital, dispone que unas 500 hectáreas de las 1.300 en conflicto sean cedidas a los pueblos indígenas, que anteriormente fueron desalojados. En esa parte de los terrenos, están los pobladores campesinos que reclaman una definición al tema.
El principal conflicto ocurre en la colonia Tape Yke, distrito de Itakyry, y los afectados por las invasiones de inmuebles y medidas judiciales piden que, tanto el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) como el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) definan el caso, porque por un lado están los propietarios de las tierras, que tienen los títulos concedidos en los años 90, pagos de impuestos municipales, servicios públicos y, por el otro, están los nativos de la parcialidad Avá Guaraní que fueron llevados a este sitio hace tres años, y el conflicto suscitó todo tipo de situaciones, hasta que a mediados de año fueron desalojados, pero ahora tienen un aval judicial para volver.
Los pobladores afectados explicaron que hay informes del Catastro Nacional, Registros Públicos y el INDERT que la finca donde están asentados no pertenece ni están superpuestas con tierra que sería de los pueblos originarios. Entienden que una mensura judicial, que se inició, pero no saben de los avances, será la solución para determinar quiénes son los dueños de las tierras, que tienen documentos que avalan.
SIN GARANTÍAS NI SEGURIDAD
Los paraguayos afincados en Tape Yke piden protección de las autoridades y recordaron que ellos recurrieron a un recurso de amparo para evitar que sean invadidas sus tierras y la decisión de la magistrada de la capital es un baldazo de agua fría para ellos porque no fueron notificados. Piden garantías y seguridad a las autoridades del orden para que sean protegidos de una nueva posible ocupación de sus tierras.
“Yo no fui notificado y estoy afectado por la disposición judicial, soy un ciudadano, no soy un bicho, una piedra o una planta, ella no puede disponer eso. Fuimos censados en octubre de 1995 y el Catastro Nacional nos dio la inscripción, el IBR el título de propiedad en el año 96 y entonces, me pregunto, ¿no vale el documento que nos otorga el Estado?, eso se tiene que respetar; el INDI debe responsabilizarse”, expresó molesto, Pedro Torrás, propietario de unas 7 hectáreas que están incluidas en la decisión judicial.
El grupo de indígenas ingresó a los terrenos en el 2018 y pese a los reiterados pedidos de los propietarios, la institución que representa a los aborígenes nunca apareció en el lugar, según denunciaron. Existe una causa penal por invasión de inmueble y en junio se cumplió un desahucio, que ya estaba previsto para enero.
Los integrantes de la parcialidad Avá Guaraní fueron hasta la capital del país a manifestarse y dicen que fueron despojados de sus tierras, por ello los que tienen títulos del ex IBR piden que ambas instituciones investiguen el origen de los documentos para determinar su validez, porque hay antecedentes que el INDI pagó y documentó terrenos que, en realidad, no existen en otras regiones del Alto Paraná y el país.
