Un chino, identificado como Ti En Lin, fue denunciado por supuestamente usurpar de forma ilegal al menos 3.000 hectáreas de tierra en una zona llamada Isla Pucú, distrito de Tavapy, Alto Paraná. De acuerdo con los datos, el extranjero utiliza un título de propiedad de contenido falso, además de ocupar la finca en una zona de seguridad, protegida por la legislación paraguaya. El oriental se dedica al arrendamiento del extenso terreno y pese a que, presuntamente, sus documentos son apócrifos, cuenta con el total respaldo de las autoridades fiscales y judiciales.
El dinero todo lo puede, es un refrán que encaja a la perfección al analizar lo sucedido el pasado 20 de julio, tras ejecutarse un desalojo por parte de una importante contingencia policial, encabezada por el fiscal José Silguero, procedimiento en el que estuvo incluso el director de la Policía del Alto Paraná, comisario general inspector Silvino Alberto Leguizamón.
El abogado Carlos Caballero explicó que la finca pertenece al Estado paraguayo y que ya formuló las denuncias pertinentes ante las instituciones estatales a fin de recuperar la tierra que hoy es ocupado aparentemente de forma irregular por el potentado oriental, Ti En Li, quien arrienda el inmueble a un brasileño identificado como Rafael Reposi.
Acorde con lo manifestado por el abogado Caballero, el asiático, como no es sujeto de la Reforma Agraria, utiliza una empresa para inscribir ilegalmente la propiedad ante Catastro, pese a que el título pertenecería a otra finca.
Decenas de familias campesinas claman por un pedazo de tierra, pero como no tienen suficientes recursos económicos para llevar a delante las diligencias ante las instituciones terminan siempre siendo sindicados como supuestos invasores.
NO RECIBEN APOYO
Según los campesinos que pretenden la tierra hoy ocupado por el extranjero, no cuentan con el apoyo de las instituciones, principalmente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), que deben velar por el interés del campesinado y mucho menos de las autoridades judiciales y tampoco del exintendente, Aníbal Fidabel, quien busca su reelección en el cargo. El exjefe comunal, supuestamente, recibe grandes coimas por parte de los usurpadores de tierra a cambio de brindarles su protección.
Los fiscales y jueces aparentemente obedecen las directrices de Fidabel, quien a menudo se muestra a lado del cuestionado senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM), Fernando Silva Facetti, a cuyo nombre amenaza a los representantes, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, revelaron las fuentes.
