El conflicto de la finca 66 ahora se trasladó a la Municipalidad de Ciudad del Este, a la que los pobladores afectados por la problemática insisten para que presente una medida cautelar que frene los desalojos que se siguen concretando. Para presionar a la Comuna, los moradores escracharon a la asesora jurídica, Nidia Silvero de Prieto, arrojando basura en su domicilio. Ayer, la institución emitió un comunicado, pidiendo “tranquilidad”. Anunció que se llevará a cabo un censo casa por caso para el levantamiento de datos.
Actualmente, en la finca 66 se lleva adelante el trabajo de mensura judicial. La tarea está a cargo de GeoCad Consultora Topográfica, adjudicada por la Municipalidad, con el costo de más de G. 2.000 millones. El territorio afectado abarca desde el km 4 Acaray hasta el km 7 Acaray.
La Comuna emitió un comunicado en el que afirma que la empresa “pidió a los vecinos a no preocuparse, ya que se hará un censo casa por casa, recabando información sobre títulos, antecedentes de los registros públicos. Posterior a la medición general, se procederá al sobrevuelo del dron para la medición exacta, en medio del trabajo de mapeamiento y de acuerdo a la exigencia actual de catastro nacional, con tecnología suiza de precisión para abarcar todas las áreas de cobertura de la finca”.
La institución insistió en que no puede presentar medidas judiciales, porque aún no le compete realizar dicho trámite. “La mensura judicial es un proceso lento y que no es competencia aún de la Municipalidad solicitar amparos judiciales. El gobierno municipal insta a la tranquilidad a los ocupantes, ante la movilización permanente de un sector en reclamo de actos jurídicos extemporáneos”, expresa el manifiesto.
Una vez que culmine el trabajo técnico para la mensura, la Municipalidad solicitaría las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de los ocupantes, refirió Ricardo Romero, uno de los asesores jurídicos.
El funcionario indicó que el proceso de mensura judicial se adjudicó a una empresa especializada que está iniciando los trabajos técnicos preliminares, que tendrán una duración de diez meses aproximadamente, como se había informado en una reunión pública con los afectados.
Aclaró que se trata de un proceso delicado, que debe implicar las delimitaciones en presencia de un juez posterior al trabajo técnico. Agregó que es el momento de unidad y no de peleas ante un desafío tan grande de reivindicar a las familias un derecho tan anhelado mediante la aclaración técnica y jurídica de los asentamientos que engloba la finca, mediante una inversión municipal multimillonaria.
La tarea implica además del levantamiento de datos, el censo, cartografía digital, para delimitar el perímetro de cada terreno. El trabajo será netamente técnico sobre el relevamiento de los terrenos, identificación de las propiedades que cuentan con título, entre otros aspectos relevantes.
La empresa cuenta con un dron de excelente tecnología para poder medir en tiempo real la situación de los terrenos. Toda la información será fusionada y proveída a la división de catastro de la Municipalidad.
ESCRACHE
Los afectados se manifestaron ya varias veces frente a la Comuna, exigiendo que el ente presente un recurso de amparo para frenar los desalojos. El fin de semana, realizaron un escrache en la casa de la directora de la asesoría jurídica de la Municipalidad, Nidia Silvero de Prieto, como medida de presión.
