Un pervertido que abusó sistemáticamente durante cinco años de su hijastra de 7 años fue condenado ayer por un tribunal de sentencia presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por sus colegas Emilia Santos y Milciades Ovelar, a sufrir la pena privativa de libertad de 20 años, máxima establecida en la norma para la tipificación. El depravado, con iniciales R.E.F.M, de 37 años, fue denunciado en la Fiscalía el 24 de marzo de 2019, luego de que la víctima, ya con 12 años, confesó a su madre las sucesivas sesiones de abuso que sufrió en poder del criminal que aprovechaba su ausencia para ingresar a su habitación y, bajo amenazas, procedía a los abusos.
En las diligencias de su investigación, la fiscal Vanesa Candia ordenó una serie de diligencias entre las que se realizó la entrevista en Cámara Gesell, acto que resultó fundamental para la acusación del pervertido y su soporte en el contradictorio público que concluyó ayer en sede de la VI Circunscripción Judicial. La niña relató a la sicóloga que, el ahora condenado, abusó de ella desde que contaba con siete años, iniciándolos con tocamientos en sus partes íntimas y cumplidos los nueve años fue forzada a sometimientos sexuales con coito.
Las constantes ausencias de la madre y otros familiares favorecieron las intenciones del condenado que, por medio de chantajes, la mantenía callada ante sus acciones perversas. La niña recibía constantemente obsequios por parte de su agresor, quien, al mismo tiempo, la amenazaba que su familia la pasaría muy mal, caso ella cuente los abusos a los que era sometida, siempre en su vivienda del barrio San Migue, en el km 12 de Ciudad del Este. El ahora condenado se desempañaba como guardia de seguridad privada en horario nocturno, hecho que facilitaba los sucesivos abusos cuando su pareja trabajaba.
El tribunal de sentencia consideró cada uno de los puntos discutidos durante el contradictorio público y luego de deliberar minuciosamente en cuanto a la producción de probatoria, se pasó a la medición de pena. La conclusión de los jueces, luego de escuchar los numerosos testimonios presentados por la fiscal Candia, resolvió aplicar la Ley 6002/17, que prevé pena máxima de 20 años para casos de tal naturaleza, como la que fue juzgada en la víspera. La víctima sigue siendo asistida sicológicamente debido a las secuelas producidas por los traumas tras los frecuentes abusos sufridos.
