Ante la falta de notificación a la defensoría pública y la ausencia de uno de los implicados en el caso del asesinato de una niña, en presunto rito demoniaco, el tribunal de sentencia presidido por la jueza Evangelina Villalba, dispuso la suspensión del juicio y convocó a las partes para el próximo 2 de agosto, a las 08:00, en la sala 2 de juicios orales. Debieron ser juzgados Héctor Eduardo Martínez Núñez, de 25 años, y su madre Limpia Concepción Núñez Goiburú, de 50, presuntos responsables del asesinato de la niña Naydelín, ocurrido el 29 de febrero de 2020, en una zona boscosa del distrito de Minga Guazú. La investigación de las agentes fiscales Vanesa Candia y Estela Mary Ramírez concluyó que la menor fue incinerada viva, según el reporte del director de medicina legal del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir.
La mujer estuvo representada por el abogado José Gill López, mientras Héctor Eduardo, por la defensora pública Gloria Arce, quien se encuentra de vacaciones y fue suplantada por su colega Lucía Franco. El presunto criminal está recluido en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo y no fue traído para el juicio oral y público. Franco dijo a la presidencia del tribunal de sentencia que desconocía el caso, ni tenía copia de la carpeta, por lo que pidió la suspensión del juicio. Aseguró que la defensoría pública no fue notificada con relación al inicio del juzgamiento, pero curiosamente la Fiscalía, la querella adhesiva y el abogado José Gill López sí fueron notificados y se presentaron para el juicio.
Las agentes del Ministerio Público reclamaron airadamente la situación a la presidencia del tribunal, aseverando que la defensora Gloria Arce representó desde el inicio del proceso a Martínez Núñez, por tanto es imposible que se desconozca el enjuiciamiento. La jueza Evangelina Villalba mapercibió al director del penal de Coronel Oviedo a que presente al procesado para la nueva fecha marcada para el 2 de agosto, caso contrario remitirá sus antecedentes para que la Fiscalía le inicie proceso por desacato. Asimismo, ordenó que la actuaria remita oficio a la defensoría general, poniendo a su conocimiento el caso planteado con las defensoras involucradas en el juicio.
Los petitorios del Ministerio Público recibieron la adhesión de la querella adhesiva y el letrado José Gill López, en cuanto a un sumario con sanción para la defensora pública que, eventualmente, no informó a su suplente sobre el inicio del juicio oral y público.
