La rosca corrupta que opera en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) tiene sus tentáculos hasta en los cargos más encumbrados, aseguran fuentes fidedignas que conocen los manejos internos de la institución. De acuerdo con los datos, Rosana Galván, directora jurídica del ente, es uno de los “cerebros” del esquema, que tiene a uno de sus principales instrumentadores en la figura del abogado Silvio Villagra, asesor jurídico de la dirección regional, en Alto Paraná. Todo esto estaría sucediendo con el conocimiento de la actual presidenta, Gail González Yaluff, quien asume una postura obsecuente y pusilánime ante la corruptela generalizada en la institución que dirige.
Hasta el momento, la rosca comandada por funcionarios antiguos del INDERT, quienes se niegan a acogerse a los beneficios de la jubilación, permanece operando impunemente, con todo lo que eso implica. De acuerdo con lo indicado por fuentes, Silvio Villagra, funcionario antiguo y asesor jurídico de la dirección regional, es quien pidió por Eriberto Florentín, para que este ocupe la dirección de la zona, ya que se trata de un funcionario de carrera, pero obsecuente y genuflexo a la rosca. Por su parte, Villagra es “hombre de confianza” de Rosana Galván, directora jurídica del ente agrario, conforme con los datos.
En tanto, el director regional Florentín sería apenas un títere de los asesores jurídicos y la propia presidenta, abogada Gail González Yaluff, que también es antigua funcionaria y que maneja a la perfección la mafia de las tierras en el país. Los mencionados serían los principales cerebros detrás del esquema de falsificación de títulos de propiedades, que son inscriptas irregularmente en Catastro por ciudadanos extranjeros, situación que debe ser investigada por el Ministerio Público.
El gran negocio de estos sinvergüenzas es la cesión de tierras del Estado a terratenientes extranjeros. Un ejemplo se da en Hernandarias, específicamente en una finca de 1.277 hectáreas, de las cuales casi 600 hectáreas están en posesión de extranjeros que no son sujetos de la Reforma Agraria, según denuncias de campesinos.
Se trata de la finca n° 31510, padrón 31.685, que tiene una extensión de 1.277 hectáreas. Desde el año 2011, la Asociación de Trabajadores Agropecuarios El Mensu está reivindicando la propiedad, para ser distribuida entre campesinos paraguayos. Sin embargo, desde el 2015, extranjeros comenzaron a inscribir las parcelas de fincas en el Registro Nacional de Catastro, situación que resulta inexplicable, atendiendo que son tierras estatales. Lo que no queda claro es si el INDERT vendió las tierras a los extranjeros, lo cual sería totalmente irregular, o si los mismos están presentando títulos falsos y “engañando” a Catastro para usurpar grandes partes de la propiedad. Lo claro y concreto es que al menos 591 hectáreas están en manos de colonos brasileños, indicaron los denunciantes.
Este caso fue denunciado públicamente, pero tanto a nivel regional como nacional, los funcionarios del INDERT se mantienen en silencio total, actitud que prácticamente confirma que los mismos están involucrados en esta grave e irregular situación.
