El concejal de Presidente Franco, Lucio Vera (PLRA), más conocido como “Pira’i”, presentó el martes último ante la sesión de la Junta Municipal una absurda minuta y a destiempo, justificando su abstención a las derogaciones de adjudicaciones irregulares del terreno del excombatiente Filomeno González a favor del presunto narco, Diego Medina Otazú y de José Grassel Báez. El edil señaló que los afectados no fueron ni siquiera notificados para defenderse, es decir, defiende el intento de despojo de tierras públicas.
El codiciado terreno fue entregado al narcosecretario de Reinaldo “Cucho” Cabañas, Diego Medina Otazú, y a un tercero. Las resoluciones de las adjudicaciones fueron derogadas en la Junta Municipal y ya homologada por el intendente Roque Godoy (PLRA), se dejó sin efecto toda entrega irregular, quedando a foja cero, y los herederos ya pidieron la adjudicación a favor de la hija del excombatiente.
Sin embargo, la minuta del edil pasa a la comisión de legislación donde se volverá a estudiar el expediente. El martes pasado, los ediles colorados Adolfo Acosta y Vicente Aquino, quienes están detrás del despojo, también pidieron la reconsideración de las resoluciones derogadas.
La propiedad de una dimensión de casi una hectárea en disputa entre los hijos del excombatiente Filomeno González y los avivados políticos está ubicada en el barrio Tres Fronteras, a metros del futuro Puente de la Integración. La familia está asentada en el predio desde los años 60, en la década de los 90, el veterano de la Guerra del Chaco realizó trámites para documentar el inmueble, pero se paralizó a raíz de su fallecimiento.
Tras su muerte, su hija Idalina González reanudó la gestión, durante la administración del extinto exintendente Miguel Medina Mauro (PLRA), fue cuando comenzaron los políticos y autoridades a maniobrar. Medina arrendó a su hijo, el supuesto narcosecretario de Reinaldo “Cucho” Cabaña, Diego Medina Otazú, el inmueble en el 2011, con ayuda de concejales y funcionarios; también a José Grassel, otro testaferro, amigo del exjefe comunal.
En el 2013, se le adjudicó a Medina el terreno por compra directa por unos G. 14 millones y, en el 2014, se homologó la entrega. La familia González inició el proceso de nulidad de las adjudicaciones a los testaferros en noviembre del 2020, pero fue encajonado el expediente por los ediles actuales, integrantes de la comisión de legislación Bartola Fernández, Miguel González, Blanca Acuña, Semión Duarte y José Guerin.
Finalmente, se expidieron tras denuncias de la familia y dictaminaron a favor de la nulidad de las resoluciones, la cual tuvo ocho votos, pasó al ejecutivo, y el intendente Roque Godoy homologó la decisión de no despojar del inmueble a la familia.
Según fuentes, el presunto narcosecretario de Cucho Cabaña, Medina Otazú, cuando cayó preso, vendió el inmueble a un conocido político de Presidente Franco, quien está detrás de los ediles, como Adolfo Acosta, Vicente Gauto y ahora Lucio Vera, y para no perder todo en su “mal negocio” con Medina, estarían ofreciendo hasta USD 10 mil a cada legislador comunal para rever las derogaciones a favor de la familia González.
