El fiscal especializado antinarcótico, Manuel Rojas Rodríguez, imputó al conductor de un tractocamión, en cuyo doble fondo, agentes antinarcóticos de la Policía encontraron 99 panes de cocaína totalizando 95 kilos de la sustancia prohibida. El procesado está identificado como Augusto Sebastián Coronel Allende, de 32 años, domiciliado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Conducía el camión de la marca Mercedes Benz, color blanco, chapa AEX 657, y circulaba por la Ruta PY 07, a un kilómetro y medio del cruce San Alberto, cuando fue interceptado y verificado por los antidrogas que iniciaron el procedimiento de rigor.
El rodado de gran porte tenía un doble fondo detrás del asiento del acompañante, donde se encontraba el cargamento de la sustancia prohibida, cuyo destino final aún se desconoce formalmente, ya que el detenido se llamó a silencio. Al confirmar la carga de cocaína, se dio intervención al fiscal especializado de turno, quien ordenó las diligencias preliminares, la detención de Coronel Allende y el traslado del rodado de gran porte a la sede de la unidad policial en la ciudad de Presidente Franco, a cargo del titular Wilson Velázquez. No se pudo confirmar el destino final de la sustancia incautada.
El detenido hizo uso del derecho a abstenerse, sin embargo, la Fiscalía le aplicó las previsiones de los artículos 27 y 35 de la Ley 1.340, tenencia y transporte sin autorización de sustancias estupefacientes, presentándolo ante el órgano jurisdiccional con pedido de prisión preventiva. Desde el Ministerio Público, se anticipó que se solicitará el análisis de laboratorio a la presunta cocaína incautada y su posterior incineración.
La precisión de la información que manejaban los investigadores hace suponer un cambio temporal en la hoja de ruta del tráfico de estupefacientes, cuyo destino final sería siempre el territorio brasilero. A nivel local, la cocaína cotiza a 4.000 dólares el kilo, doblando fácilmente a su ingreso en territorio extranjero. De momento, con los datos, se tiene un perjuicio económico de 380.000 dólares para la banda afectada por el procedimiento.
La Fiscalía pidió seis meses de plazo para colectar elementos con los que sustentar su requerimiento conclusivo y remitió al detenido al calabozo de la unidad especializada antinarcótica de la Policía para su resguardo.
