La unidad penal de turno, a cargo de Sergio Irán Villalba, inició proceso penal contra la administradora de una empresa, denunciada por los directivos ante resultados de auditoría e inventario ordenados ante sospechas de siderales fraudes en perjuicio de su patrimonio. Sandra Noelia Fernández Gernhoffer, de 26 años, residente en el barrio San Pedro del km 8 Monday deCiudad del Este, soporta cargos por lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos, conforme denuncia formalizada por el Iñigo de Carlos Barbarín, presidente de la firma denominada Deuce SA, dedicada a la venta de servicios, causando un perjuicio económico de unos G. 600 millones, valiéndose de su cargo de administradora para fabricar doble facturaciones de pagos y cobros a clientes.
La auditoría reveló que la administradora produjo documentos para su provecho personal, en complicidad de otras personas que serán identificadas en el curso de la investigación. El denunciante presentó como evidencias de la responsabilidad penal de la ahora encausada, como resultados de la auditoría y los inventarios de las mercaderías ofertadas a distintos clientes, que abonaban sus pagos, pero no fueron asentados en los registros contables de Deuce SA y, en consecuencia, solicitó la inmediata imputación de la administradora infiel, con pedido de urgentes diligencias que lleven a la verdad de lo ocurrido.
Fernández Gernhoffer se presentó a la convocatoria para presentar su descargo, pero hizo uso del derecho a abstenerse. Los tipos penales que le aplicó la representación pública son considerados delitos conforme la norma penal vigente, en consecuencia, los directivos de la firma perjudicada se aprestan a iniciar las acciones en el fuero pertinente, de manera a recuperar el patrimonio defraudado por su administradora. La auditoría y el inventario no establecieron el tiempo utilizado por la funcionaria desleal para la comisión de los hechos punibles, pero estableció los montos del perjuicio sufrido por la firma.
Se valió del cargo sin supervisión para producir las facturas de pago que se entregaba a clientes, se recibían los valores acreditados, pero no los hacía constar en los registros contables de la firma que administraba. La representación pública la presentó ante el juzgado penal de garantías, con solicitud de medidas alternativas a la prisión preventiva, siempre y cuando se asegure que responderá al proceso abierto en su contra. La contundencia de la evidencias hicieron que se solicite solamente tres meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
