Cuando se habla de inseguridad, a menudo se suele incurrir en el error de limitar las críticas meramente hacia la Policía Nacional, olvidando otras aristas muy importantes en la cuestión, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. La semana pasada, conmocionó a la opinión pública el caso del ciudadano Oscar Germán Vázquez González, uno de los presuntos integrantes de la gavilla de delincuentes que el 27 de mayo último asaltó una armería en el barrio San José de CDE.
El mismo fue detenido el jueves último, alrededor de las 11.20 horas, por agentes policiales, tras una persecución. Sin embargo, a las 17:00 del mismo día, el sujeto ya estaba disfrutando nuevamente de su libertad, pese a que fue plenamente reconocido por la víctima. El responsable directo de esta vergonzosa decisión es el cuestionado fiscal Sergio Irán Villalba, quien, según los datos, habría recibido una jugosa coima a cambio de su “benevolencia”.
Toda la cúpula de la Policía Nacional de este departamento está sumamente molesta e impotente ante esta decisión tomada por el agente fiscal, pues el detenido es un peligroso sujeto que cuenta con varios antecedentes, como robo agravado y robo agravado con resultado de muerte.
Esta es la triste realidad que constituye el principal motivo de la proliferación de la delincuencia en nuestro país. A ello puede agregarse que solamente con la corrupta y negligente Justicia paraguaya puede explicarse que una persona que ha ido presa 10, 15 veces o más pueda andar libre y seguir cometiendo sus fechorías. Es inconcebible que los jueces y fiscales que intervienen en estas causas sigan tan campantes en sus puestos.
Si hasta a los jefes y asesores de la Policía les llama la atención la manera increíblemente irresponsable con que fiscales, jueces y tribunales tratan a los delincuentes, cómo no quedarán asombrados quienes después de dos o tres semanas de ser asaltados, robados, amenazados, vuelven a encontrarse con sus victimarios en la vía pública.
¿Qué es lo que está fallando? ¿La legislación penal, la administración de Justicia o los organismos administrativos, como las penitenciarías y los reformatorios? Que se sepa, nuestra ley penal no es tan benigna como para que los delincuentes de cualquier tipo entren y salgan de las prisiones como Pedro por su casa, sonriendo de oreja a oreja. Sin embargo, eso está ocurriendo asiduamente.
Es completamente lógico esperar que, repitiéndose una y otra vez esta anómala actitud judicial, los policías acaben desanimados y la gente opte por no presentar cargos, ante la certeza de que con esto no lograrán sacar de circulación a los bandidos. Las víctimas están convenciéndose de que al denunciar y accionar judicialmente contra sus victimarios, ellas solo se arriesgan a volver a ser sus atacadas, en venganza. Aparte del costo, en tiempo y dinero, que representa recurrir a los estrados judiciales para un resultado incierto.
Vayan los fiscales y jueces a darles explicaciones a los que perdieron sus bienes o a sus seres queridos en asaltos violentos ejecutados por malvivientes que dos días antes estaban detenidos y fueron liberados por orden judicial. ¿Les dirán el motivo por el cual la ley y la justicia paraguayas, es decir, sus representantes, prefieren soltar a un pérfido y peligroso facineroso, sabiendo bien que es muy probable que vuelva a matar, solo porque hay “insuficiencia de pruebas” o porque no hay espacio para ellos en los lugares de reclusión? Es importante que el fiscal Sergio Irán Villalba, quien irresponsablemente liberó a este peligroso sujeto, sea castigado con todo el rigor que presupone la ley, pues caso contrario, estas actuaciones sugestivas serán cada vez más frecuentes en la administración de justicia.
