El surtidor cuando estaba siendo construido a escasos metros de la Costanera.
De forma “secreta”, la Junta Municipal de Ciudad del Este volvió a aprobar al hijastro del concejal Celso “Kelembu” Miranda la habilitación de un surtidor en inmediaciones de la Costanera “Ñande Renda”, ubicada en el km 8 Acaray de la capital departamental. Durante la sesión de ayer, la mayoría de los concejales dio su venia para que se habilite el establecimiento comercial, pese a que el año pasado los vecinos se manifestaron repudiando la instalación. El único voto en contra fue el de la concejal Perla Rodríguez de Cabral.
Darío Bareiro Cubas es quien aparece como propietario del surtidor que la Junta de Ciudad del Este habilitó ayer, con el único voto en contra de Rodríguez de Cabral. Durante la sesión ordinaria se puso a consideración el dictamen de las comisión asesora de legislación “la nota presentada por Darío Bareiro, quien solicita reconsideración de la resolución 219/20 JM, por la que se revoca la resolución 826/2019 JM”.
Esto porque el año pasado, por resolución 219/2020, se anuló la habilitación del surtidor, cuya instalación se había autorizado por resolución 826/2019. El año pasado, la Junta se vio obligada a rever su decisión de dar el visto bueno a la estación de servicio, porque un grupo de pobladores de la zona llegó hasta el legislativo a quejarse por la instalación de la misma, por la contaminación que podría significar, dado que el surtidor sería puesto en cercarías de un recurso hídrico.
El tema fue tratado de forma casi secreta por los ediles, dado que ni siquiera fue debatido. Incluso, el concejal Teodoro Mercado (PLRA), quien el año pasado se había opuesto y había criticado duramente la habilitación.
El negocio está a nombre de Darío Bareiro Cubas, hijastro de Celso Miranda, alias Kelembu. Se sabe que se trata de un prestanombre del edil ligado al zacariismo-cartismo. El año anterior, pobladores de las adyacencias del lago, representados por el abogado Celso Espínola, presentaron el pedido de revocatoria de la resolución de la Junta, que habilita la construcción de la estación de servicio en el lugar. Sin embargo, los ediles habían postergado su tratamiento en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente no resistieron a la presión de los moradores del lugar.
