Las afectadas se presentaron para la audiencia de conciliación en la Oficina Regional del Trabajo.
Seis embarazadas denunciaron ante la Oficina Regional del Trabajo despido irregular por parte de la fábrica textil Orange, situada en el km 10,5 de Ciudad del Este. La empresa realizó la desvinculación masiva de empleados por cierre, sin embargo, la inamovilidad laboral durante el embarazo está contemplada en la ley 5508/15 que protege a la trabajadora en este periodo y durante la lactancia, por lo que la patronal deberá llegar a un acuerdo con las afectadas. Ayer, se convocó a una audiencia tripartita, pero los representantes legales de la firma no se presentaron.
“Desde el momento en que una trabajadora conoce su estado de gravidez está amparada por la Ley n° 5508/15 De Protección de la Maternidad y la Lactancia Materna y no puede ser despedida de su puesto laboral hasta un año después del nacimiento del hijo o de la hija, por lo que en caso de que reciba una notificación laboral esta es nula”, explicó el abogado Enrique Medina, representante legal de las empleadas.
La patronal comunicó a sus trabajadores sobre el cierre de la empresa Orange, debido a la crisis económica por la pandemia del coronavirus. “Los funcionarios recibieron el preaviso que corresponde por ley, sin embargo, esto no puede aplicarse a las embarazadas, quienes gozan de estabilidad laboral”, sostuvo el profesional. “Al cerrarse la fábrica, la embarazadas perderán todos los beneficios, como el seguro del IPS, por lo que estarán desamparadas”, acotó.
Las afectadas denunciaron el caso ante la Oficina Regional del Trabajo, que convocó ayer a una audiencia tripartita, pero los representantes de la industria no se presentaron. Al respecto, el director regional del ente, Julio Valdés, explicó que cuando se registra este tipo de situaciones, se busca un acuerdo que beneficie a ambas partes. “Convocamos nuevamente a una audiencia de conciliación para este viernes. En caso de que no se llegue a un acuerdo o que la empresa no se presente a las audiencias, la denuncia administrativa será judicializada”, explicó.
