Imprudencia criminal en el tránsito debe ser castigada con mayor dureza
Preocupa la alarmante cifra de accidentes en motocicletas en nuestro departamento; en el 2020, Alto Paraná registró 92 fallecidos por accidentes en moto. El 57% de los accidentes se dio por choque y más del 35% por caída, según cifras del 2020. Casi la mitad de los motociclistas no usan el casco protector, que se suma a la imprudencia y exceso de velocidad, que constituyen las principales causas de los percances.
Entre los meses de marzo y abril de 2020, periodo en que se estableció la declaración de emergencia nacional y aislamiento preventivo para controlar la expansión del Covid-19 se dieron los porcentajes más bajos de pacientes atendidos a causa de siniestros viales en motocicleta.
En la última década, entre el 2009 y el 2019, las víctimas fatales a causa de siniestros viales en motocicletas se incrementaron en un 48%: 481 fallecidos (2009), 552 fallecidos (2010), 582 fallecidos (2011), 598 fallecidos (2012), 613 fallecidos (2013), 574 fallecidos (2014), 579 fallecidos (2015), 625 fallecidos (2016), 672 fallecidos (2017), 614 fallecidos (2018) y 712 fallecidos (2019), equivalente al 55% de los decesos ocurridos en el tránsito.
Los expertos señalan que el exceso de velocidad es factor de riesgo muy importante, sobre todo debido al hecho de que existe una débil percepción del peligro que supone no respetar las normas viales. Por eso a diario vemos hasta a cinco personas viajando sobre una moto, poniendo en riesgo sus vidas; también vemos a conductores de motocicletas llevando el casco en el brazo.
En el Paraguay están vigentes las leyes de seguridad vial, el problema es su no cumplimiento por parte de los conductores quienes, o las desconocen o sencillamente las ignoran. Los paraguayos se comportan de forma muy temeraria a la hora de salir a las rutas: no usan el cinturón de seguridad, no utilizan la sillita para niños, no usan casco ni chaleco, sin mencionar la ingesta de alcohol y el uso del teléfono móvil; todos estos factores de riesgo.
Por ello, urge que nuestras autoridades tomen en serio esta verdadera epidemia. Aunque se debe resaltar que esta situación ha llegado a este estado pese a que el Paraguay dispone de todos los instrumentos legales; el problema es su cumplimiento. Y en este punto es donde se debe apuntar la responsabilidad de las autoridades encargadas en forma directa del control y la prevención: policías municipales de Tránsito, Patrulla Caminera, Policía Nacional, Fiscalía y juzgados, cuya labor no ha dado los resultados esperados.
Cuando las leyes no se cumplen, cuando las normas son pasadas por alto por los conductores y las autoridades son cómplices, ya sea por acción u omisión, las transgresiones suelen terminar con sangre derramada en el asfalto y un automóvil estrellado contra un muro. El Estado paraguayo destina ingentes recursos para asumir el cuidado de los accidentados, pero debería emprender también mejores labores de prevención para atacar la raíz del problema. Es una cuestión cultural intentar ubicarse por encima de la ley y no cumplir las normas, pero las autoridades deben ser capaces de aplicar ejemplares castigos contra quienes infringen las normas y ponen en riesgo la vida de los demás. De lo contrario, esto irá empeorando gradualmente, año tras año.
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