Prieto asegura que Contraloría Ciudadana tiene intereses políticos y económicos

El intendente Miguel Prieto refutó las acusaciones hechas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este y acusó al presidente de la misma, Julio César López, de tener intereses económicos y políticos. La organización publicó que la gestión de Prieto de no destina el 60% de la recaudación del impuesto inmobiliario en gastos de capital, es decir, en obras. Lo atribuyó, además, malversación y lesión de confianza. El jefe comunal sostuvo que el cálculo fue mal hecho, sin considerar los demás compromisos que deben ser cubiertos con dicho impuesto.

El jefe comunal llamó a una conferencia de prensa, ayer, para responder a las acusaciones de la Contraloría Ciudadana. Esta organización había acusado a Prieto de malversar la recaudación del impuesto inmobiliario, afirmando que solamente se invirtió en obras un 50%, cuando se debía destinar mayor porcentaje. Agregó en su informe que, de G. 15.381.663.921 que debieron aplicarse a gastos de capital, solo se aplicaron G. 7.708.144.276, lo cual representa el 50,11%.

Prieto empezó diciendo que “estamos convencidos de que esta gente de la Contraloría Ciudadana tiene muchos intereses políticos y económicos”.  

Apuntó que la Contraloría Ciudadana acusó a la gestión de Prieto por malversación de fondos, lesión de confianza, “de hechos punibles, pero en cambio, el presidente Julio César López, tiene un interés económico gigantesco”.

Relató que cuando asumió a la Intendencia, López, quien también es presidente del directorio de la empresa Metroparking, le solicitó el pago de una indemnización de G. 55.900 millones, que es una deuda contraída por administraciones anteriores.

“Qué imparcialidad puede tener una persona que está en la Contraloría Ciudadana, y pidiendo sumas millonarias del erario público”, resaltó Prieto.

Además, puntualizó que la representante legal de la empresa Metroparking, es María Lujan Arrúa, hija de la senadora Georgia “Nany” Arrúa, quien mantiene un conflicto político con el jefe comunal.

A su vez, el director general de la comuna, el economista Daniel Pereira Mujica, sostuvo que en el análisis, la Contraloría no consideró que la institución atravesó por una violenta pandemia, que afectó considerablemente sus ingresos. Afirmó que el 60% del impuesto inmobiliario debe ir a obras, pero también se debe considerar el fondo especial para pavimentación en convenio con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP).

La Contraloría no dedujo que del 30% de la recaudación del impuesto inmobiliario, 15% le corresponde a la Gobernación y 15% a municipios pobres, según la explicación de Pereira.