Despacho menor se convirtió en herramienta perfecta para “legalizar” al contrabando

El pago de pacotilla o Despacho Simplificado de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) se convirtió en una herramienta formidable para “legalizar” el contrabando, que ingresa al país de manera incesante por el Puente de la Amistad. Los paseros (pequeños contrabandistas) ahora pagan un monto ínfimo en concepto de “tributo”, sin embargo, al mismo tiempo hacen otro pago, incluso, mucho mayor, que es la coima para ingresar al territorio todo tipo de mercaderías, principalmente, ropa de marca, que invade el mercado nacional. Principal promotor de esta situación sería el administrador de Aduana, Nelson Luis Villalba, quien se jacta de tener la protección del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para avalar las irregularidades. 

Los “despachos menores” que, en teoría, fueron creados para legalizar de alguna forma el trabajo de los paseros se convirtieron en excusa perfecta para legitimar el contrabando. De acuerdo con los datos, el TVF constituye una herramienta ideal para que los paseros paguen una suma ínfima en concepto de “impuesto”, con lo cual tienen prácticamente carta blanca para ingresar lo que quieran al país. Eso sí, son verificados por los aduaneros y posteriormente, para evitar flagrancia, deben pagar a los “secretarios” (personas particulares que responden a las órdenes de los aduaneros) las coimas por las mercaderías excedentes que ingresan.

El modus operandi es el siguiente: las furgonetas ingresan al país, vía Puente de la Amistad, pasando por el primer anillo, donde están apostados los aduaneros, que hacen un control de fachada en el lugar. Desde allí, son dirigidos a un depósito donde se hace una verificación más exhaustiva, pero al final, el pasero o pequeño contrabandista, acaba pagando una suma ínfima en concepto de pacotilla o régimen TVF, que ingresa al sistema y, por ende, a las arcas del Estado, cuya recaudación mensual es vergonzosa comparando con la coima que reciben diariamente los aduaneros.

Lo cierto es que “en negro” deben pagar otra suma al “secretario”, ya que los aduaneros saben perfectamente que las mercaderías ingresadas exceden lejos el límite establecido (hasta 300 dólares, mensuales, en productos de consumo o primera necesidad). Además, lo que ingresa no son precisamente productos de primera necesidad, sino inclusive ropas de marca, en grandes cantidades, que luego son vendidas en diversos comercios de la región e incluso la capital del país.

Todo este operativo cuenta con el aval del actual administrador de Aduana de CDE, Nelson Luis Villalba, quien accedió al cargo mediante padrinazgo político e incluso tendría aspiraciones más elevadas, según revelaron fuentes aduaneras. Villalba hasta tendría pretensiones de ser nuevo director nacional de Aduanas, señalaron. No obstante, el esquema corrupto actual podría representar una traba para sus aspiraciones.

Varios gremios empresariales e industriales del país hace tiempo vienen advirtiendo sobre esta situación, protagonizada por los paseros y aduaneros corruptos, quienes, con la excusa de la reactivación económica, meten “la mano en la lata” que perjudican a la producción nacional y la importación legal de productos que, consecuentemente, repercute negativamente en el fisco.