El director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, Osmar Valdez, confirmó que existen 27 amparos judiciales en trámite, de los cuales 22 solicitan al ente asumir los costos de internación en el sector privado y 5 necesitan terapia. La mayoría de estos amparos son de pacientes internados en terapia intensiva que ya no tienen cómo solventar los gastos y a través de esta acción, piden que Salud asuma dichos costos.
En el marco del decreto presidencial N° 4010 del 2020 se autorizó a Salud Pública suscribir convenios con el sector privado para la prestación de servicios como internación y Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para personas con COVID-19. Se suscribieron 13 sanatorios. No obstante, Valdez explicó que administrativamente no existe un marco legal para que el ente asuma los costos de internación, pero es el juez de la causa quien determinará si corresponde o no hacer lugar el amparo, y condenar a la cartera sanitaria a efectuar los pagos.
Valdez dijo que lo preocupante son aquellos casos en los que no hay convenio entre el sanatorio y el Ministerio de Salud, además del pago retroactivo al sanatorio, “Hay que aclarar que en ciertos casos ya se asumió y se respondieron los amparos, siempre en virtud de lo que menciona en el convenio porque existe un límite”, apuntó para un medio capitalino.
