Liliana Denise Duarte, fiscal.
Referentes del Colegio de Abogados del Alto Paraná están “en alerta máxima” ante la posibilidad de que la polémica y cuestionada agente fiscal Liliana Denise Duarte logre hacer el “rekutu” en el cargo. La misma integra la terna 5, conformada por el Consejo de la Magistratura, y figura sugestivamente incluso con el mejor puntaje. No obstante, la gestión de la misma se ve mancillada por diversos hechos de corrupción, por lo cual los abogados de la zona anunciaron que harán lobby ante las instituciones pertinentes para evitar que la misma siga en el Ministerio Público.
El abogado Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, comentó que es “sumamente preocupante” que la fiscal Liliana Denise Duarte se mantenga en el cargo, ya que aparece con mejor puntaje en su terna. El mismo indicó que la representante del Ministerio Público es una de las más resistidas, debido a sus actuaciones criticadas y al margen de la ley.
Recordemos que esta agente fiscal ocupa desde el año 2008 de manera totalmente ilegal una vivienda ajena, situada en el Área 4 de CDE, propiedad del jubilado de la Itaipu Binacional, Rubén Darío Duarte Crosa. Sin embargo, mediante manejos oscuros, la representante de la sociedad “usurpó” la vivienda y hasta la fecha sigue residiendo en la misma, pese a que el propietario cuenta con el título de propiedad del inmueble.
HABRÍA COBRADO COIMA DE 20 MIL DÓLARES
En una de las acusaciones que pesan contra la cuestionada agente fiscal, figura el caso de un sujeto que habría pagado una coima de 20 mil dólares para ser desvinculado de un caso de intento de homicidio, registrado en noviembre del 2016 en Minga Guazú.
Pese a la contundencia de las pruebas, el entonces fiscal adjunto Alejo Vera ni siquiera ordenó un sumario para aclarar el llamativo caso en donde, sorpresivamente, aparecieron dos oficios judiciales con el mismo número, pero con contenidos diferentes.
La fiscal Duarte habría recibido una millonaria suma de dinero a cambio de desvincular a un presunto narco de una investigación por intento de homicidio del joven Gabriel Ángel Quintana Acuña, de 26 años, quien el 12 de noviembre del 2016 sobrevivió de milagro al atentado contra su persona. Tras recuperarse, el joven denunció a su agresor, a quien identificó plenamente como Felipe Santiago Prieto, supuesto narcotraficante de Minga Guazú. Sin embargo, el caso nunca fue investigado debidamente.
En otra actuación muy cuestionada, Denise Duarte desvinculó en abril del 2017 a Pedro Garcete y a Juan Carlos Benítez, ambos con frondosos antecedentes, detenidos en el caso Prosegur. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional por estar supuestamente involucrados en el robo a la empresa transportadora de caudales. Para la Policía, ellos estuvieron involucrados en el millonario asalto donde un grupo comando se llevó casi 12 millones de dólares y habían sitiado la zona para perpetrar el crimen. La desvinculación de los mismos causó enorme molestia en los investigadores policiales, quienes por lo bajo aseguraban que la fiscal “ligó su parte” para tomar esta decisión.
“Esta clase de fiscales ya no queremos más en Alto Paraná. Actuaciones sugestivas, llamativas, donde se beneficia gente turbia, esas cosas ya no toleramos y haremos lobby donde tengamos que hacer para que esta señora no continúe en el Ministerio Público”, enfatizó el abogado Mauro Barreto.
