Vecinos de nueva cárcel de Minga Guazú en pie de guerra por incumplimiento de autoridades
Pobladores del km 20 Acaray de Minga Guazú iniciaron ayer una movilización de manera indefinida para exigir la ejecución de varias obras en la zona. Son vecinos de la que será la futura cárcel regional, cuya construcción ya tiene un avance del 80%. Los mismos cerraron el acceso a los obreros que trabajan en la estructura, como medida de fuerza. Las autoridades nacionales habían prometido a los moradores varias obras y asistencia a los agricultores de la zona, como medida compensatoria por instalar una penitenciaría, pero hasta la fecha no cumplieron la promesa.
Virgilio Cantero, uno de los moradores y manifestantes, explicó que, pese a que la obra de la cárcel ya avanzó en un 80%, no existe ningún indicio de que se realicen las mejoras en la localidad, como compensación a los pobladores, tal como se les había prometido.
Entre las obras requeridas figura la construcción de un asfaltado de seis kilómetros de la calle 20, iluminación, sistema de agua potable para el consumo e irrigación de cultivos de los labriegos, entre otros puntos. Los pobladores insisten en que las autoridades les provean de una infraestructura adecuada de agua, sobre todo para potenciar su producción, y hacer crecer la actividad comercial y productiva en la zona. También exigen la iluminación de la calle, trabajo para los vecinos y, una vez concluida la obra, que el Ministerio de Justicia adquiera los productos agrícolas de los vecinos para la alimentación de los reos. Los vecinos se dedican al cultivo de todo tipo de hortalizas y granos, además de producción lechera y porcina.
“La obra está prácticamente terminada y no tenemos ninguna de las medidas compensatorias por el impacto negativo de la construcción de una cárcel en nuestra comunidad. En el 2019, hemos formulado a las autoridades nuestros pedidos de asfalto, servicio de agua corriente, pero no tenemos respuestas”, detalló Cantero.
Insistió en que los moradores exigen la presencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ya que de lo contrario, continuarán con la medida de fuerza por tiempo indefinido.
Ayer, los mismos bloquearon el acceso a la construcción a los 400 obreros que allí realizan labores e instalaron una carpa, donde realizan ollas populares en señal de protesta por el incumplimiento de las autoridades nacionales.
Asimismo, manifestaron los afectados estiman que la inversión para la pavimentación sea de unos USD 2 millones, mientras que el sistema de irrigación para los agricultores, tendría un costo de aproximadamente G. 300 millones.
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