Un brasileño aprehendido en la zona primaria de la Aduana de CDE, al no poder justificar con documentos la posesión de la motocicleta que conducía, fue procesado por el fiscal Edgar Torales y puesto a cargo del juzgado penal de garantías con pedido de prisión preventiva. Se trata de Adriano Da Silva Cunha, de 38 años, domiciliado en Foz de Yguazú, quien soporta proceso penal por la tipificación de reducción, conforme acta de imputación arrimada al juzgado de atención permanente.
El sujeto fue privado de su libertad durante un control de rutina en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad al no presentar documentación alguna de la motocicleta marca Honda CB 300, color negro, año 2013, placa brasilera, que conducía al momento del procedimiento policial-naval. Torales solicitó a la Policía remitir los datos del biciclo al Comando Tripartito para la obtención de datos relacionados al mismo, de donde se informe que la motocicleta tenía denuncia por hurto, formulada por su propietario José Antonio Riveiro de Carvalho.
Se ordenó su detención preventiva y remisión a sede fiscal, donde, acompañado de una defensora pública, se abstuvo a prestar declaración indagatoria, pero fue procesado con cargo de reducción. El sujeto contaba con antecedentes y estaba bajo medidas ambulatorias controlado por una tobillera electrónica impuesta por la justicia de su país, según la descripción del acta de imputación presentada ante el juzgado.
El fiscal pidió medidas cautelares de carácter personal, atendiendo que el encausado tiene cuentas pendientes con la justicia de su país, no tiene arraigo suficiente y su presencia es imperativa para las diligencias del proceso. Da Silva Cuñha seguía ayer en el calabozo de la Dirección de Policía a la espera de su convocatoria para ser oído en el juzgado.
La conducta inicialmente desplegada por el mismo se encuadra dentro de las previsiones del artículo 195 del Código Penal, pero tampoco se descarta que haya sido el autor del hurto denunciado por el propietario legal del biciclo. Este deberá presentar los documentos que confirman la propiedad del biciclo y solicitar su devolución, porque así lo preceptúan los ordenamientos jurídicos vigentes. Mientras tanto, el presunto reducidor se encuentra bajo custodia policial por disposición del fiscal del caso.
