Un total de 35 gremios de todo el país emitieron un comunicado a la opinión pública en el que defienden los controles anticontrabando realizados en Ciudad del Este y también condenan la resistencia de autoridades locales. “Consideramos lamentable la postura de defensa de la ilegalidad, la informalidad y muy especialmente del contrabando, adoptada por algunos políticos, con tal de seguir ganando adeptos en campaña”, reza parte de la nota.
Los agremiados señalan que la vieja práctica de oponerse públicamente a los controles anticontrabando, como la demostrada por algunas autoridades días pasados, y con el solo fin de ganar adeptos, alimenta un sistema perverso, donde la prebenda y el clientelismo político siguen condenando a generaciones enteras a vivir en la miseria y la mendicidad. Las quejas sobre ingreso masivo de contrabando a nuestro país evidencian que en los primeros dos meses del presente año, el contrabando nuevamente arrecia y asoma como uno de los grandes problemas nacionales.
El contrabando afecta a toda la estructura económica: a la producción y el comercio que paga sus impuestos, debilita al fisco con la evasión tributaria y tiene sus consecuencias directas en la disminución del empleo formal y la caída de fondos estatales destinados a las inversiones sociales.
En Paraguay, la magnitud del contrabando es de tales dimensiones que hay una relación de 3 a 1 entre las mercaderías que circulan y las que se incautan, ya que por un producto que se decomisa están ingresando otros tres, según estimaciones realistas.
Por más absurdo que les pueda parecer a muchos, el contrabando existe porque hay consumidores y el consumidor es la persona de carne y hueso que sabe qué puede y qué le conviene comprar, y esta fuerza no se reprime ni se controla por decreto ni con la salida de soldados a las calles y más puestos de control. Pese a todo, el consumidor seguirá buscando su conveniencia y ventajas. A nadie se le puede obligar a comprar y consumir productos y bienes de mala calidad y de precios elevados.
Los industriales y empresarios en general, lo que deben hacer es poner todo el esfuerzo necesario para hacer más eficiente su actividad y reducir el costo de sus productos, de tal manera que el precio de los bienes que ofrecen al público sea competitivo con los de otros países de la región.
En una sociedad donde la economía funciona bien, los precios se combaten con precios y no con fusiles ni con decretos o controles represivos, pero lamentablemente a la clase política que tiene ojos en la nuca solo le interesan sus intereses mezquinos y no los de la población en su calidad de consumidor y contribuyente.
