Solamente ayer, se presentaron cuatro imputaciones contra violentos sujetos que en diferentes circunstancias agredieron física y sicológicamente a sus parejas. Los hechos ocurren siempre en el ámbito familiar y bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, según reseñó la agente fiscal Rocío González, quien afirmó estar procesando 35 causas en una semana.
Alcides Rubén Morel Pedrozo, 42 años, afincado en la fracción Villa Dorita, del kilómetro 14 Minga Guazú, obligó a su concubina a consumir bebidas alcohólicas y ante su negativa, fue apaleada frente a sus hijos menores, huyendo el agresor de la vivienda. Al día siguiente, un encuentro callejero fortuito entre la pareja, sirvió para que la mujer sea nuevamente castigada, con la diferencia que vecinos llamaron a la policía y el sujeto fue detenido en la escena del suceso y puesto a cargo de la fiscalía.
En otro suceso, Eligio Javier Villalba Caballero, 46 años, residente en el sector 1 del barrio San Rafael, fue detenido por personal policial luego de agredir a su madre estando bajo efectos del alcohol, porque se negó a darle dinero. El sujeto ya contaba con orden por hechos similares, así mismo con frondosos antecedentes penales en causas que se tramitan en diferentes unidades fiscales de la región II. Se resistió al procedimiento, pero fue reducido y esposado para ser llevado al calabozo de la sub comisaría primera.
Carlos Alberto romero Molinas, 26 años, guardia de seguridad, con domicilio en un apartamento del barrio Obrero, fue también procesado luego de golpear a su pareja en el lugar donde residen. El agresor fue privado de su libertad en el predio del hospital regional, donde acudió para una atención médica a su madre, según las constancias de investigación.
En el barrio Las Mercedes del kilómetro 26 de Minga Guazú, fue detenido Modesto Martínez Vázquez, 32 años, declarado rebelde en una causa por coacción grave, luego de ser denunciado por su pareja. De su poder, se incautó un revólver de fabricación casera con el que amenazó de muerte a la mujer.
En todos los casos, la fiscal Rocío González, pidió la prisión preventiva para los encausados y los derivó a la dirección de policía. Existen causas cuyos trámites resultan demasiado lentos, según quejas de las víctimas, a consecuencia de la falta de técnicos que sostengan médica o científicamente, los daños sufridos tras las agresiones. Son cuatro sicólogas y dos asistentes sociales que no dan abasto para la atención urgente de los casos denunciados.
