Un total de 35 gremios de todo el país emitieron un comunicado a la opinión pública en el que defienden los controles anticontrabando realizados en Ciudad del Este y también condenan la resistencia de autoridades locales. “Consideramos lamentable la postura de defensa de la ilegalidad, la informalidad y muy especialmente del contrabando, adoptada por algunos políticos, con tal de seguir ganando adeptos en campaña”, reza parte de la nota.
Los empresarios sostienen que “el contrabando tiene consecuencias económicas, sociales y de salud pública que solo pueden ser prevenidas con un enfoque integral en el combate, y en el cual los controles del sector público son fundamentales”.
Por otro lado, recordaron a la clase política y a la ciudadanía en general que la resistencia es un delito tipificado y sancionado por el Código Penal. En ese sentido, el inciso primero del artículo 296 establece que “mediante fuerza o amenaza de fuerza, resistiera o agrediera físicamente a un funcionario u otra persona encargada oficialmente de ejecutar leyes, decretos, sentencias, disposiciones judiciales o resoluciones (…), será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. En casos graves, la pena puede ser de hasta de hasta cinco años de cárcel”.
Asimismo, los agremiados señalan que la vieja práctica de oponerse públicamente a los controles anticontrabando, como la demostrada por algunas autoridades días pasados, y con el solo fin de ganar adeptos, alimenta un sistema perverso, donde la prebenda y el clientelismo político siguen condenando a generaciones enteras a vivir en la miseria y la mendicidad. “Esta conducta no demuestra empatía con el pueblo como quieren algunas autoridades locales hacer aparecer. Sino una completa falta de compromiso con la patria y su futuro, y un interés por mantener a la población dependiente de la informalidad. La formalidad, en cambio, hace a la gente libre para elegir”, agrega el escrito.
Finalmente, exhortan a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y otras instituciones como la Secretaría Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (SENACSA) a continuar con los controles de combate al contrabando y a no ceder ante la presión de políticos que tienen “un interés puramente electoral”.
