TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Lamentan que deberán esperar hasta el 29 de marzo para mensura judicial


Los moradores de la finca 66 durante una de las manifestaciones.

Los vecinos afectados por el conflicto en la finca 66 lamentan que deberán esperar hasta fin de marzo de este año para el inicio de los trabajos de la mensura judicial en la zona. La Municipalidad de Ciudad del Este convocó a un llamado a licitación pública nacional para la realización de la medición, pero los pobladores consideran el plazo como muy excesivo, puesto que no cesan los desalojos. El intendente Miguel Prieto había prometido que el 23 de este mes el expediente ya sería enviado por la Intendencia a la Junta Municipal, sin embargo, esta promesa del jefe comunal no fue cumplida.

El viernes último, los pobladores de la finca 66 volvieron a manifestarse en la Plaza de la Paz, frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, para exigir celeridad en la mensura judicial. El director general de la Comuna, Daniel Pereira Mujica, conversó con los manifestantes y les explicó que los trabajos de mensura tardarán muchísimo más en empezar, de lo que los moradores estaban esperando.

El representante de los vecinos organizados de la finca 66, Elvio Barúa, aseguró que Pereira les explicó que el proceso del llamado a licitación tardará un mes más aproximadamente.

“Nos dijo (Pereira Mujica) que tenemos que esperar a que pase la etapa de protestas, luego otro plazo que obliga la ley, es decir que vamos a tener que esperar muchísimo tiempo más”, explicó el representante.

Además, Barúa recordó que durante una manifestación llevada a cabo hace unos 15 días, el intendente Miguel Prieto prometió que el 23 de este mes, los documentos ya estarían en la Junta Municipal para su homologación, pero que esto era evidentemente inviable, por los requerimientos de la ley.

“Él no sabía nada del proceso. Nos dijo por decir no más, porque no entiende de nada por lo que vemos”, expresó Barúa.

Aseguró que si en fecha 29 de marzo no se concreta la mensura, prepararán una gran manifestación. Actualmente, los vecinos se ven afectados por constantes desalojos.

ANTECEDENTES

El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás, y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial de las más de 700 hectáreas que comprenden la finca 66 e involucra a varios barrios populosos de la capital departamental, desde el km 4 hasta el km 7, lado Acaray.

Los barrios afectados son: Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Don Bosco, Mburucuyá y parte de Carolina y afecta a unas 20.000 familias.

Se trata de una propiedad que fue expropiada en el año 1990, de una empresa privada, a favor de la Municipalidad. Sin embargo, gracias a maniobras del Clan Zacarías existen empresarios que se adueñan de las tierras e incluso existen títulos superpuestos.

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