TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Prieto no cumplió su promesa, y manifestantes tomaron acceso a Municipalidad de CDE


Los manifestantes llegaron hasta frente a la Comuna esteña para exigir que se cumplan las promesas.

Frente al portón de la Municipalidad de Ciudad del Este, con gritos y detonación de petados, los moradores de la finca 66 reclamaron ayer al intendente Miguel Prieto, que los documentos del llamado a licitación para la mensura judicial, no hayan llegado aún a la Junta Municipal. El portón principal de la institución debió ser cerrado por el personal de seguridad. Los pobladores exigen celeridad en el procedimiento, porque sufren constantes desalojos. Hace más de una semana, Prieto se había comprometido con el grupo de vecinos, que el expediente estaría ayer en el legislativo municipal para su homologación, pero este no cumplió su promesa.

Los pobladores afectados por el conflicto en la finca 66 llegaron ayer hasta la Junta Municipal, para la sesión ordinaria, esperando que el legislativo trate la homologación del contrato a la empresa adjudicada para la realización de la mensura judicial. Sin embargo, los moradores conversaron con la concejal María Portillo, presidente de la comisión de Legislación, quien les aseguró que los documentos referentes a dicho llamado a licitación para la realización del trabajo, aún no ha llegado a la Junta. Esto exaltó los ánimos del grupo, que se trasladó hasta el portón de la municipalidad, cuyos funcionarios debieron cerrar el portón de acceso principal al predio de la institución. Es que Prieto, les había prometido que dicho expediente ya estaría ayer en la Junta Municipal, para la aprobación correspondiente. Sin embargo, esto no fue así.

Uno de los afectados, Elvio Barúa, aseguró que uno de los funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones  (UOC) de la Municipalidad, se acercó a conversar con ellos, y les aseguró que recién en diez días, los documentos pasarán a la Junta. En tanto, a diferencia de la semana anterior, el jefe comunal no se dignó a salir a conversar con el grupo de manifestantes, tal como lo había hecho el miércoles pasado, cuando prometió acelerar el proceso.

“Nosotros ya no podemos esperar. Diez días son demasiados para estar aguardando. Esto se podía hacer de una manera mucho más rápida”, expresó Barúa.

Ahora, los afectados aseguraron que esperarán nuevamente hasta el viernes que la Junta llame a una extraordinaria para tratar el tema, de lo contrario, volverán a manifestarse.

ANTECEDENTES

El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás, y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial de las más de 700 hectáreas que comprenden la finca 66, e involucra a varios barrios populosos de la capital departamental, desde el km 4, hasta el km 7, lado Acaray. Los barrios afectados son: Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Don Bosco, Mburucuyá y parte de Carolina y afecta a unas 20.000 familias.

Se trata de una propiedad que fue expropiada en el año 1990, de una empresa privada a favor de la Municipalidad. Sin embargo, mediante las maniobras del Clan Zacarías, existen empresarios que se adueñan de las tierras, e incluso existen títulos superpuestos.

PROMESA

El intendente había prometido a los moradores la mensura judicial para el año 2020, pero debido a la pandemia, y a la crisis económica que afectó a la población mundial, la recaudación se redujo considerablemente, por lo que no fue posible realizar dicha inversión.

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