TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Presionarán a ediles para que aprueben y se acelere mensura judicial en la finca 66


Los afectados se manifestaron el miércoles pasado para que se realice la mensura en la finca 66.

Moradores afectados por el conflicto en la finca 66, exigirán que hoy la Junta Municipal de Ciudad del Este, homologue el contrato con la empresa adjudicada para la realización de la mensura judicial, en el marco al llamado a licitación para la concreción del trabajo. Estos esperan que durante la sesión ordinaria de la fecha, el legislativo trate el tema. El grupo quiere urgir la medición, dado que se ven alcanzados por constantes desalojos. Los afectados se manifestaron la semana pasada, y el intendente Miguel Prieto se comprometió a que esta semana, el expediente ya estaría en la Junta para su aprobación.

Los moradores de la finca 66, convocaron a una movilización en la Junta Municipal, ya que hoy se realiza la sesión ordinaria. El objetivo es exigir a los concejales que homologue el contrato con la firma que resulte ganadora del proceso de licitación pública nacional, para la realización de la mensura judicial. El objetivo de los lugareños es apurar la medición lo más que se pueda, ya que constantemente son amenazados y desalojados, gracias a órdenes de desalojo emitidos por jueces de la zona.

Sin embargo, los manifestantes aún no saben si el expediente ya fue derivado por la Municipalidad de Ciudad del Este a la Junta Municipal. El pasado miércoles, los pobladores se manifestaron frente a la Municipalidad para exigir al intendente Miguel Prieto que acelere el proceso, ocasión en el cual, el jefe comunal les prometió que hoy, dichos documentos ya estarían en el legislativo.

“El intendente nos prometió que el 22 de este mes se haría la apertura de sobres, en el proceso del llamado a licitación, y que el 23 (es decir, hoy), ya estaría en la Junta el expediente”, explicó Elvio Barúa, uno de los afectados.

Expresó además que ya no pueden esperar, y que urgirán a todas las autoridades para que inicie lo antes posible la mensura judicial, ya que esperan que con eso cesen los desalojos. “Esperamos que con el inicio de la medición, se ejecute la medida cautelar, y que nadie se echado de su casa”, expresó Barúa.

ANTECEDENTES

El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás, y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial de las más de 700 hectáreas que comprenden la finca 66, e involucra a varios barrios populosos de la capital departamental, desde el km 4, hasta el km 7, lado Acaray. Los barrios afectados son: Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Don Bosco, Mburucuyá y parte de Carolina y afecta a unas 20.000 familias.

Se trata de una propiedad que fue expropiada en el año 1990, de una empresa privada, a favor de la Municipalidad. Sin embargo, gracias a maniobras del Clan Zacarías, existen empresarios que se adueñan de las tierras, e incluso existen títulos superpuestos.

PROMESA

El intendente había prometido a los moradores la mensura judicial para el año 2020, pero debido a la pandemia, y a la crisis económica que afectó a la población mundial, la recaudación se redujo considerablemente, por lo que no fue posible realizar dicha inversión.

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