TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Temor ante sucesivos desalojos y exigen a Prieto acelerar mensura judicial en finca 66


Manifestación de algunos pobladores llevada a cabo ayer en la Plaza de la Paz.

Pobladores de varios barrios volvieron a exigir ayer el intendente Miguel Prieto la concreción de la mensura judicial a la denominada finca 66. Los afectados alegan que diariamente se registran desalojos en los inmuebles en conflicto y que “ya no pueden esperar más”. Los mismos se manifestaron ayer en la Plaza de la Paz, frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, para presionar al jefe comunal. El intendente, quien les había prometido la mensura para el 2020, les aseguró que el lunes se llevará a cabo la apertura de sobres en el marco del llamado a licitación para elegir a la empresa que llevará adelante la tarea.  

“Ya no podemos esperar un mes ni 40 días. Se trata de un tema de interés social. Son más de 700 hectáreas habitadas por familias enteras”, reclamó Elvio Barúa, uno de los pobladores, al intendente Miguel Prieto, quien se acercó hasta el lugar de la movilización para dialogar con ellos.

El morador pidió celeridad en el proceso, ya que diariamente se registran desalojos. Aseveró que el juez Mario Aguayo ordena desalojos cuando se sabe que existe un llamado a licitación pública nacional por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este para la mensura.

“Todos los días hay desalojo y usted nos prometió que eso ya no ocurriría, porque se está haciendo el proceso de mensura”, reclamó una de las lugareñas. Sostuvo que si en época electoral no se subsana el inconveniente, teme que el tema termine en el “oparei”.

A su vez, el intendente les respondió y les dijo que le llama la atención que la Justicia siga otorgando órdenes de desalojo, cuando se sabe que existe un proceso licitatorio. Asimismo, apuntó que el 22 de este mes se realizará la apertura de sobres en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la comuna. Refirió que procurarán que el 23 ya se remita el expediente a la Junta Municipal para que esta la apruebe, y la medición inicie cuanto antes. La medición costará unos G. 2.700 millones a las arcas municipales.

“Este proceso lleva tiempo, por lo general un mes, a no ser que apuremos en la Junta con una sesión extraordinaria, ahí se debería apurar nuevamente a los concejales. Sé que todos quieren que este problema se soluciones ya”, expresó el jefe comunal.

Indicó que posteriormente, dichas familias ya podrán titular sus terrenos y abonar por ellos el impuesto inmobiliario.

ANTECEDENTES

El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial de las más de 700 hectáreas que comprenden la finca 66, e involucra a varios barrios populosos de la capital departamental, desde el km 4, hasta el km 7, lado Acaray. Los barrios afectados son: Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Don Bosco, Mburucuyá y parte de Carolina y afecta a unas 20.000 familias.

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