Fachada de la sucursal de Bristol SA, ubicada en el km 3,5 de Ciudad del Este.
Luego de hacerse pública la denuncia contra la empresa Bristol SA, que pagó a una empleada en concepto de salario G. 32.500, salió a la luz el “modus operandi” de los comercios que, en su mayoría, se dedican a la venta de electrodomésticos. Contratan trabajadores a través de una cooperativa de trabajo para encubrir las relaciones laborales. El sistema se aplica con los vendedores externos, quienes ni siquiera perciben el salario mínimo vigente, establecido por el Código Laboral.
La Cooperativa Multiactiva de Trabajo, Fomento del Empleo, Producción y Servicios (COOTRAFE) fue creada en el 2006. Según el ente, tiene como finalidad realizar la administración de las participaciones de los socios que realizan sus servicios cooperativos en las empresas con las que firman un contrato de prestación de servicios. Esto es aprovechado por las patronales para no cumplir con sus compromisos, ya que a través de este sistema se solapa la relación entre el empleado y la empresa.
Bristol SA es una de las tantas empresas que contrata los servicios de COOTRAFE. Los trabajadores firman un contrato con la cooperativa. Al respecto, el abogado laboralista José Estigarribia, explicó que la institución está habilitada por la ley de cooperativas, donde se establece que el asociado es propietario, por lo que este “modus operandi” es utilizado por la patronal para no cumplir con lo que establece el Código Laboral, como pago del salario mínimo legal, seguro médico, entre otros beneficios.
El caso de la joven Vania Joselyn Villamayor fue duramente cuestionado porque Bristol SA le pagó la ínfima suma de G. 32.500. Trabajó desde diciembre del año pasado en la sucursal ubicada en la ciudad de Hernandarias. Dijo que el salario base es de G. 1.200.000 si se logra vender por G. 5.000.000. Alcanzó la meta el primer mes, pero su sueldo fue solo de G. 87.500, de los cuales se descuenta más del 50% para la cooperativa. Todos los trámites de pago de haberes lo realiza la COOTRAFE. Ante esta situación, el profesional del derecho mencionó que este tipo de prácticas se copió de Argentina, por lo que insta a las autoridades a intervenir para la desprecarización laboral.
