El caso de la jueza Garcete, ejemplo de la corrupción en el Poder Judicial
En esferas judiciales locales, se da prácticamente por descontado que la cuestionada jueza penal de garantías Cinthia Garcete Urungaga, será reconfirmada en el cargo por la Corte Suprema de Justicia, desde donde se comunicó recientemente al Consejo de la Magistratura, el vencimiento de su periodo de mandato.
Según indicaron fuentes fidedignas, Garcete ya inició el “lobby” para ser reconfirmada como jueza, pese a una negra pasantía como administradora de justicia, siempre en favor de la corrupción y grupos criminales que ya fueron beneficiados con su “benevolencia”. Se cuenta que sus cuestionados casos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tienen de inicio trámite a su favor por los tentáculos políticos que la asisten a cambio de favores en procesos penales. Además es de público conocimiento su estrecha relación con el actual presidente del Jurado, el senador Fernando Silva Facetti, con lo que se asegura una campaña que la confirmaría en el cargo.
Las fuentes aseguran que la cuestionada jueza sería una de las privilegiadas en la máxima instancia judicial, dado que según voces en los pasillos tribunalicios, hoy día cumple la misma función que ejercía un exmagistrado hoy convertido en diputado. La renuncia de este señor, quien hoy funge de “honesto parlamentario”, había sido forzada, ya que su destitución era inminente, por mal desempeño en sus funciones. El exmagistrado y político liberal también fue investigado por enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público, sin embargo, por supuesto ese caso terminó en el oparei.
Pero volviendo al caso de la jueza Garcete, la misma es tildada de recaudadora de la “corona”. Los beneficiarios de los favores de la magistrada, de hecho, son políticos denunciados por hechos de corrupción en el ejercicio de la función pública, a quienes siempre les consigue el beneficio de una laguna jurídica. Gracias a ello, hoy día ostenta una importante fortuna, que sería imposible obtener con el fruto de su trabajo.
Sobre este punto, debemos de recordar que las fortunas de algunos funcionarios o ex funcionarios del Poder Judicial son llamativas y escandalosas. En la razón no se halla respuesta de cómo lograron -con modestos sueldos- amasar cuantiosas fortunas. La única explicación es que por su situación privilegiada obtuvieron ingresos al margen de la ley.
Los funcionarios públicos ganan sueldos que no alcanzan para llevar la vida faraónica que algunos ostentan sin escrúpulo alguno. Ni siquiera el hecho de estar en puestos elevados es una causa para obtener fondos que, una vez reinvertidos en negocios lícitos, puedan dar dividendos tan cuantiosos como los que se observan.
Hace años, gremios de abogados, medios de comunicación y ciudadanía en general pide investigar sistemáticamente el origen de las posesiones de los que están siendo cuestionados.
No es una tarea fácil, obviamente, porque los delincuentes siempre toman sus precauciones para no dejar rastros o se escudan en prestanombres. Aun así, deben encontrarse evidencias y castigar conforme a las leyes a los que de manera ilícita acrecentaron su peculio personal.
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