El intendente de Santa Rita recusó a fiscales que investigan su gestión

En un extenso escrito dirigido a la fiscal general del Estado, el intendente municipal de Santa Rita, César “Landy” Torres, recusó a los tres agentes fiscales designados para investigarlo en el marco de la causa identificada con el nº 79/2020, sobre supuesto hecho de lesión de confianza. Fundó su recusación contra los fiscales de delitos económicos Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y la adjunta Soledad Machuca, a quienes acusa de falta de objetividad y parcialidad manifiesta, méritos suficientes para ser apartados del caso y se reasigne la investigación de la denuncia presentada en su contra por tres concejales municipales de su distrito, el 9 de junio del año pasado.

El jefe comunal cuestionó severamente la acción del fiscal Diego Arzamendia, quien el pasado 14 del corriente, se apersonó en las oficinas administrativas de la comuna con un mandamiento de secuestro de cuatro vehículos, dos de los cuales en desuso y los demás de uso diario en la institución, sin que ni siquiera haya sido notificado del inicio de la investigación ni haber sido llamado para una declaración en ningún concepto.

Torres dijo que se presentó ante los fiscales ahora recusados y se puso a disposición, cuando por medios de comunicación se enteró que había sido por los ediles, pero se declaró inocente. En su escrito, apunta que los fiscales de delitos económicos recusados ya cuentan con un borrador de la imputación en su contra y que incluso habría sido socializado, según trascendió.

“No se debe desatender que la Municipalidad de Santa Rita es un ente público y la determinación cierta e inequívoca si hubo malversación de fondos de la institución, sobrefacturación y o cualquier otro hecho malicioso, corresponde sea indicado por la Contraloría General de la República”, sentenció el jefe comunal a modo de señalar la prejudicialidad del caso.

En su concepto, los agentes fiscales que lo investigan violaron los principios de objetividad e imparcialidad, por lo que amerita la recusación. Acusó a la fiscal adjunta Soledad Machuca que, de manera histórica y sin excepción alguna, ha hecho lugar a las recusaciones ante ella presentadas contra sus inferiores, situación que adelanta su parecer en todos los casos que se cuestione a un inferior. Por último, Torres solicitó la reasignación de la causa a un fiscal penal ordinario, teniendo en cuenta la tipificación penal denunciada que, de ninguna manera, puede ser investigada por una unidad especializada.

Lo concreto del caso es que el apartamiento de los tres agentes recusados provocó la reasignación del caso a la unidad ordinaria, a cargo del fiscal Edgar Modesto Torales, quien deberá recibir la carpeta para diligenciarla.