El caso Diagro y las tierras malhabidas en Paraguay

La lucha por la tierra en el Paraguay ha sido y sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos y conflictivos de nuestra historia. Constituye uno de los principales causantes de confrontaciones a lo largo de los últimos 140 años de la vida nacional, que ha ocasionado la muerte de centenares de paraguayos en esa cruenta e ilógica guerra. Ilógica, porque siendo nuestro país tan grande para tan pocos habitantes no tiene explicación racional. A menos que consideremos la exagerada ambición de los especuladores y terratenientes, el desarreglo institucional del país y la falta de interés verdadero del poder político que tiene que organizar y desarrollar la repartija racional de ese recurso.

En nuestro país la principal riqueza es y ha sido siempre la tierra, capaz de producir alimentos para el consumo y la generación de dinero mediante su comercialización, gracias al esfuerzo creador del trabajo. No tenemos minerales ni hidrocarburos explotables a bajo costo, por lo que nuestra principal mina de oro ha sido siempre la generosa tierra que tenemos, que es la envidia de muchos pueblos del mundo.

Desde principios del siglo XX, diversas administraciones estatales han procurado dictar normas, establecer estrategias para repartir y explotar adecuadamente ese invalorable recurso que tenemos. Pero, lastimosamente, sea por la incapacidad de los administradores de turno o por la falta de voluntad de los gobernantes, la reforma agraria fue solo una bella expresión de deseo o un pretexto para los discursos políticos.

Primero fue el IRA (Instituto de Reforma Agraria), luego el IBR (Instituto de Bienestar Rural) y ahora el Indert los organismos estatales que intentaron repartir la tierra para distribuirla adecuadamente teniendo en cuenta su función económica y social. Pero los resultados lamentables que están a la vista demuestran que fue apenas un gran fracaso.

El caso de una humilde familia campesina paraguaya de la colonia 13 Tuyuti, distrito de Santa Fe del Paraná, que está a punto de ser expulsada de sus tierras por ambición de la empresa Diagro S.A., cuyos propietarios, inescrupulosos terratenientes de origen brasileño, utilizan un título apócrifo para reivindicar el inmueble pretendido y manipulan al Poder Judicial a su antojo, gracias a los recursos económicos que poseen, es emblemático y ejemplificador. Existen centenas de miles de familias paraguayas, expulsadas irregularmente de sus propias tierras, ante el silencio cómplice de un Poder Judicial corrompido y otras instituciones, como el INDERT, inoperantes y amordazadas por el poder del dinero.

En el año 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo creado por Ley N° 225/03 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, presentó su informe final, el cual, en su capítulo cuarto, contiene un estudio realizado que detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y el post-stronismo. El Paraguay presenta la distribución de tierra más desigual del mundo, donde el 90% de la misma está en manos de 12.000 grandes propietarios. Lamentablemente, el Estado paraguayo no da ninguna señal de pretender revertir esta lacerante realidad, que condena a una vida de mendicidad y pobreza extrema a miles y miles de campesinos paraguayos.