Uno de los suboficiales de la comisaría 21ª Torín llega a la Fiscalía de CDE. Ayer fueron imputados los cuatro implicados, con pedido de prisión preventiva.
Secuestro y asociación criminal son las tipificaciones penal atribuidassa cuatro suboficiales de la Policía, detenidos en torno a la investigación de un caso denunciado por una pareja de brasileños que vacacionó en varios puntos del país durante 15 días, retenidos, extorsionados, coaccionados y privados ilegalmente de su libertad. La fiscal Estela Mary Ramírez llamó a declarar a los suboficiales inspectores Eladio Giménez, Gustavo Toledo, Osmar Paredes y Julio Díaz, todos arrestados tras el allanamiento del puesto policial en el departamento de Caaguazú.
Los cuatro agentes llegaron esposados a la Fiscalía de CDE en dos automóviles particulares y con las capuchas puestas de modo a evitar la socialización de sus rostros, en compañía de sus abogados Raúl Eduardo Vera y Elizabeth Bogado, pero todos se abstuvieron a presentar su descargo. Ya a la media mañana y luego de revisar la carpeta de investigaciones, con las constancias de las declaraciones de las víctimas en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas, que concluyó cerca de las 02:00, de ayer en el juzgado de la magistrada Cinthia Garcete, la representación pública ordenó la detención del comisario principal Alcides Velázquez, entonces jefe de la citada comisaría y fue igualmente procesado por complicidad en los hechos denunciados.
HORAS DE TERROR
Los brasileños Mateus Mangiocca y Julia de Lima Venancio sindicaron como autores de los hechos a los cuatro suboficiales ahora procesados con pedido de prisión y explicaron detalles de lo ocurrido entre el lunes y el martes de la presente semana, a manos de los uniformados que les exigieron primero, la suma de 50.000 reales para ser liberados. Lima Venancio dijo que los policías la amenazaron con presentarla como prostituta y a su novio como traficante de estupefacientes.
Alrededor de las 23:00 del lunes 18 fueron llevados a una casita de madera, donde pasaron la noche y, que en ese sitio, dejó ocultas sus diez uñas esculpidas, que fueron incautadas durante el allanamiento. La fiscal Ramírez se incautó del libro de novedades, el acta de procedimiento en la que aparecen las huellas dactilares de las víctimas, siendo estos estudiantes universitarios, cuatro celulares y el automóvil en que la pareja fue trasladada hasta Ciudad del Este en busca del dinero exigido para su liberación.
La pareja fue traída en su automóvil, guiado por uno de los policías y custodiada por otro, mientras eran seguidos por un segundo rodado perteneciente a uno de los agentes ahora procesados. En inmediaciones del shopping Jardín, la comitiva paró y contrataron los servicios de un taxista para que lleve a la mujer hasta un banco de Foz de Yguazú para retirar el dinero, en monto de 25.000 reales que finalmente acordaron.
Lima Venancio se descompensó en el interior del banco cuando le informaron que con su tarjeta de estudiante podía liberar un máximo de cinco mil reales. Fue de allí que dieron aviso del caso a la Policía Civil, cuyos agentes comunicaron a la Federal y, a su vez, al Comando Tripartito para montar el operativo de rescate a su pareja en inmediaciones del shopping del Este.
Durante el anticipo jurisdiccional de pruebas, la pareja de extranjeros aseguró que fue amenazada de muerte caso se filtre la información y se obstruya el procedimiento extorsivo que realizaban. La inmediata intervención de la fiscal junto a efectivos de Investigación de Delitos derivó en la detención y procesamiento de los cuatro autores materiales del hecho, más el jefe de la comisaría como cómplice en su carácter de titular del puesto policial.
La fiscal explicó que existe una sucesión de hechos a ser analizados y canalizados con el curso de las investigaciones, ya que se iniciaron en el departamento de Caaguazú con conclusión en la capital de Alto Paraná, de allí la tipificación de secuestro, en su inciso primero. Señaló que el artículo 125 del Código Penal tipifica la acción penal y la sanciona con expectativa de hasta 10 años de cárcel.
PODRÍA SER RECUSADA O CAMBIADA DEL CASO
Ramírez habló de la posibilidad del desglose eventual de la causa, en cuyo caso deberá ser designado un fiscal del departamento de Caaguazú para investigar los hechos allá ocurridos. Consultada sobre la existencia de una unidad especializada antisecuestro en el Área X a la que debería pasar la investigación, señaló que la investigación es incipiente y que su obligación como fiscal de turno era intervenir y diligenciar la causa como se ha hecho hasta el momento.
Acotó que, por lo menos, los actos que corresponden en derecho se cumplieron con todo lo indicado en el ordenamiento jurídico. Por de pronto, los agentes policiales imputados, fueron remitidos a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde aguardarán la decisión judicial en torno al petitorio fiscal de prisión preventiva y la posterior reclusión de los cinco procesados en la Agrupación Especializada de la Policía, en la capital del país.
Las evidencias presentadas por la agencia fiscal, como las uñas esculpidas ocultadas por la mujer en su lugar de reclusión, resultaron contundentes, además del reconocimiento de los cuatro agentes que intervinieron en los hechos durante el anticipo jurisdiccional de pruebas, para la confirmación de la prisión preventiva. La pareja puede abandonar el país y, de hecho ya lo hizo, señaló la representación pública, al tiempo de señalar que el acto jurídico de la noche del martes y madrugada de ayer resultan vinculantes al proceso penal, de manera que la producción jurídica se pueda sostener en eventual juicio oral y público. Dejó latente la posibilidad de una recusación o que la superioridad decida reasignar el caso para su investigación en otra unidad fiscal de la región.
