Momento de la presentación realizada en la oficina de denuncias de la Fiscalía. Se piden castigo para los responsables de los hechos.
Con una maleta de evidencias documentales, el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y sus asesores jurídicos, Nidia Silvero de Prieto y Ricardo Romero, presentaron denuncia por varios hechos punibles contra los responsables del grupo empresarial denominado Estacionamiento del Este SA. Los denunciados son el abogado Arsenio Benítez Morel, Diego Hayes Sarubbi , Jorge Atilio Sarubbi, Ramón Enrique Ávila Morínigo y Carlos Teresio Aguirre y todos los representantes de la firma.
Les atribuyen hechos tipificados como estafa, obstrucción a la restitución de bienes, lavado de dinero, asociación criminal, enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública y tráfico de influencias, según escrito de 10 fojas, correspondiendo por sorteo aleatorio en la oficina de denuncias a la unidad penal de la fiscal Estela Mary Ramírez. Los denunciados habrían utilizado todo un esquema de recaudación paralela que permitió a los administradores de turno en materia de recaudaciones y declaraciones del Estacionamiento del Este, que llevaron a desviar G. 1.296.180.000 y USD 230.913, solamente en el 2018.
En los balances que corresponden al 2019, según escrito de denuncia, se produjo un perjuicio G. 900.213.023 y USD 119.640, según las documentaciones incautadas durante el cumplimiento de la resolución que ordenaba la recuperación del Shopping Box. Estos montos nunca fueron declarados por los denunciados como parte de la recaudación por la explotación de la finca 2925-A, propiedad de la Municipalidad de Ciudad del Este y los contratos de alquileres están a nombre de un tercero que no forma parte del contrato de referencia, que llegaba a facturaciones exorbitantes con el único fin de esconder la verdadera recaudación por la concesión de la citada finca.
En el escrito de denuncia se reservan el derecho de ampliarla con todas las pruebas que hacen al sustento de lo mismo, ya sea contra las personas citadas o quienes resultaren responsables de los hechos a investigarse. A parte de documentos, ofrecieron como pruebas un gabinete informático que contiene otros elementos probatorios y solicitaron que, previos trámites preliminares, llamado a ratificatoria y la pertinente indagatoria, se proceda a la imputación de los denunciados que, conforme el escrito, produjeron cuantiosos daños patrimoniales a las arcas municipales.
