El conflicto involucra a varios barrios populosos de CDE.
La mensura judicial a la finca 66 está presupuestada por la Municipalidad de Ciudad del Este para el 2021. Sin embargo, ahora varias familias viven en zozobra por los constantes desalojos promovidos por empresarios, quienes logran respaldo de la Justicia. El concejal Teodoro Mercado (PLRA) señaló que las tierras son municipales, y que los ocupantes -unas 20.000 familias- tienen derecho a exigir la titulación de los terrenos. Los afectados están en pie de guerra, al afirmar que no permitirán ningún desalojo. El edil acotó que en la época que Javier Zacarías era intendente, en complicidad con varias inmobiliarias, dio poder a dichas empresas para que procedan a discreción por las tierras expropiadas en 1990.
La semana pasada, un intento de desalojo promovido por la firma Atlantic S.A. acabó con la paz de las familias instaladas en viviendas cercanas al edificio del World Trade Center, en el km 4 Acaray. Los vecinos que ocupan los inmuebles hace unos 35 años permanecen en vigilia y sostienen que no permitirán ningún desalojo.
El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás, y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial de las más de 700 hectáreas que comprenden la finca 66, e involucra a varios barrios populosos de la capital departamental, desde el km 4, hasta el km 7, lado Acaray.
El concejal Teodoro Mercado (PLRA) dijo que está presupuestado para el 2021 unos G. 5.000 millones para dicha mensura, con la finalidad de determinar el origen de los títulos de las tierras. Sostuvo que las empresas que dicen ser dueñas están apresuradas en concretar los desalojos, antes de la medición e investigación, puesto que saben que no tienen derechos.
Agregó que “para nosotros (los concejales) esas tierras son municipales. En el año 2019 la Junta Municipal ordenó la realización de la mensura. En el 2020 no se pudo hacer a causa de la pandemia, pero está presupuestado para el 2021”.
Los barrios afectados son: Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Don Bosco, Mburucuyá y parte de Carolina. “Algunos pudieron tramitar los títulos de sus inmuebles, otros no”, apuntó el concejal.
Aseveró que los desalojos no son impulsados por los supuestos propietarios sino por gestores y apoderados que buscan sacar algún beneficio económico. Indicó que varias inmobiliarias estuvieron administrando las tierras, y se otorgaron títulos que no concuerdan con los antecedentes.
OBRA DE ZACARÍAS IRÚN
Mercado mencionó que entre el 2001 y el 2006, el exintendente y ahora senador, Javier Zacarías Irún, otorgó permiso a las inmobiliarias para proceder a discreción sobre los inmuebles, según la investigación realizada. Recordó que la expropiación por ley 35/90 fue a favor del Estado Paraguayo, y a título oneroso de los ocupantes. Significó que tras expropiarse pasó a dominio municipal, y los habitantes deben pagar arrendamiento a la Municipalidad para lograr el título, pero durante la administración Zacarías nunca se concretó.
Refirió que hay complicidad del exadministrador de la comuna, porque dio permiso a poderosos a adueñarse de los inmuebles, mientras que los pobladores fueron víctimas de la complicidad y los negocios de Zacarías.
Sur Inmobiliaria, ligada a la familia del exdictador Alfredo Stroessner, fue una de las creadas para disponer de los inmuebles, según comentó el edil. Los empresarios actualmente cuentan con ayuda de la Justicia, como la de la jueza Natalia Moreno Tottil, quien firmó la orden de desalojo. Dichas familias cuentan con factura de Ande, agua, entre otros servicios, formalizando su ocupación.
“Pedimos a la jueza Natalia Moreno que investigue un poco mejor sobre los documentos, porque en el año 93 fue la última transferencia, y ahora Atrantic S.A. aparece como propietaria, pero no hay ningún antecedente de venta. Que tenga un poco de humanidad y piedad”, remarcó.
