La organización no gubernamental reAcción Paraguay divulgó un trabajo de investigación sobre adjudicaciones en los cuatro municipios cabeceras de Alto Paraná durante la pandemia del Covid-19. Afirman que el deber de invertir miles de recursos de forma rápida sin que esto afecte la transparencia y la libre competencia no fue observado. La investigación, que lleva la firma de Sofía Pozzo, señala que Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias realizaron contrataciones por la vía de la excepción por urgencia impostergable. Se entiende la intención, pero asegura que, al mirar los detalles, se encontraron con sorpresas.
En los siete meses de confinamiento, los municipios no debían realizar contrataciones relacionadas a servicios ceremoniales, gastronómicos y funerarios, adquisición de equipos de transporte, que no sean utilizados para el servicio de salud, seguridad nacional, fuerzas públicas y requeridas en situación de emergencia nacional, capacitaciones y adiestramientos presenciales y pasajes y transporte nacionales e internacionales. Sin embargo, en Hernandarias firmaron contratos relacionados a servicios y alquiler de materiales para eventos por un valor de G. 335 millones. Se trata de servicios de “mozo, maestros de ceremonia, decoración, alquiler de palcos, equipos de sonidos, entre otros, para eventos conmemorativos nacionales que no fueron realizados”.
En Presidente Franco ocurrió algo similar, pero terminaron cancelando la licitación por la imposibilidad de ejecutar el contrato. Sin embargo, Hernandarias mantiene ambas licitaciones adjudicadas sin alguna documentación “que justifique su estado o alguna adenda respecto a los plazos para la ejecución de los contratos. La ausencia de aclaraciones respecto a estos recursos abre a la pregunta: ¿Dónde fueron a parar esos G. 335 millones en el municipio de Hernandarias?
13 HORAS
Otra parte del informe revela que las compras en Presidente Franco y Minga Guazú tuvieron un nulo tiempo de convocatoria. Además, muestran que en la mayoría de las licitaciones los posibles oferentes contaron con ínfimo tiempo para la presentación de propuestas, como sucede en la licitación con ID 382364 de Ciudad del Este, donde solo dieron 13 horas para la preparación de una oferta de casi G. 6.000 millones.
Todas las licitaciones cumplieron con la cuantía mínima de tres oferentes a invitar, pero en todas al menos un proveedor invitado no cuenta con la categorización acorde a los ítems de las compras Covid-19.
Además, los municipios de Ciudad del Este y Minga Guazú solicitaron propuestas a proveedores cuyos datos no se encuentran en el portal de la DNCP. De esta forma, al reducido tiempo de convocatoria de las compras relacionadas a la pandemia, se suma la peculiaridad de invitaciones a empresas de procedencia incierta y que no califican como potenciales oferentes.
EN UN DÍA
Disponibilizar la documentación de todo el proceso licitatorio de las compras relacionadas al Covid-19 también es un paso clave, señala la investigación, ya que en estos casos los municipios contratan y luego de 10 días deben facilitar los documentos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para su control.
Agrega. “los cuatro municipios cumplieron con ese requisito. Pero estos documentos revelan más sospechas sobre la licitación con ID 382292 de Presidente Franco, ya que indican que todo el proceso de una licitación de G. 168 millones fue realizado en un solo día”.
Menciona que el reducido o nulo plazo de convocatoria, más la invitación a pocas y cuestionables empresas en las contrataciones relacionadas al Covid-19, sugieren que posiblemente existió una comunicación previa con las empresas adjudicadas. Esto pone en evidencia la falta de transparencia con que los municipios del Este manejaron las compras en pandemia.
Los siderales montos invertidos en productos alimenticios en los cuatro municipios se destinaron a la compra de miles de kits de víveres a ser repartidos a las familias afectadas por la crisis económica del Covid-19