Los cinco procesados poco después de ser detenidos por las fuerzas del orden. Tienen pedido de prisión preventiva.
Una banda de marginales, comandada presuntamente por una mujer, fue detenida poco después de cometer una tentativa de hurto agravado en el interior de un minimercado del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, el sábado último, alrededor de las 11:20, según el informe policial, cabeza del proceso penal abierto en su contra. Los detenidos están identificados como Librado González Cabrera, de 40 años; Hugo Enrique Castro Benítez, de 36; Arsenio Almada Martínez, de 28; Germán Cazuín Romero, de 35 años, y Miryam Barrios Duarte, de 37, procesados bajo cargo de hurto agravado, con pedido de prisión preventiva ante el órgano jurisdiccional.
Los delincuentes llegaron al minimercado Super Paola del citado barrio, a bordo de un automóvil Toyota Premio, de color gris, chapa HCO 082PY, e inmediatamente intentaron hurtar mercadería varias, refiere el acta de imputación penal. La situación fue advertida por el propietario del comercio, Alcides González Miñarro, quien alertó a sus funcionarios para abortar el plan de los facinerosos que se habían apoderado de varias mercancías ofertadas en el local, que dejaron abandonadas en el piso para darse a la fuga.
Los marginales utilizaron la avenida Fortín Toledo para intentar el escape, pero una patrullera de la comisaría 23ª, jurisdiccional, logró detener la marcha del rodado y aprehender a sus cinco ocupantes que fueron puestos a cargo de la fiscalía penal de turno. Las fuerzas del orden se incautaron de dos teléfonos celulares del poder de los criminales, al igual que el automóvil utilizado para la comisión del hecho y los pusieron cargo de la justicia ordinaria. En presencia de una abogada, los cinco aprehendidos hicieron uso del derecho a abstenerse, no aportando datos válidos para la investigación.
Ante la flagrancia del hurto agravado en grado de tentativa, la conducta desplegada fue calificada primariamente dentro de las previsiones del artículo 161, inciso 2°, en concordancia con el 26, 27 y 29 del Código Penal. El fiscal Sergio Irán Villalba los remitió al calabozo de la Dirección de Policía y a la comisaría 25ª, quedando todos en libre comunicación y a su disposición al igual que el juzgado penal de garantías. Solicitó solamente cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo que devenga de las actuaciones investigativas.
