Los pobladores durante la manifestación de ayer frente a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Moradores de los terrenos situados sobre la finca 66 se manifestaron ayer frente a la Municipalidad de Ciudad del Este para exigir una mensura judicial al intendente Miguel Prieto. En el 2019, la Junta Municipal y la Intendencia, resolución mediante, aprobaron incluir en el presupuesto 2020 la realización de dicho procedimiento que requerirá la inversión de unos G. 6.000 millones. Son unas 6.000 propiedades afectadas de los barrios Che La Reina, Ñasaindy, Pablo Rojas, Carolina, Don Bosco y otros.
La manifestación se llevó a cabo en la Plaza de la Paz, ubicada frente a la comuna esteña. Elvio Barúa, uno de los afectados, manifestó que el año pasad, la Junta y el intendente aprobaron incluir en el presupuesto 2020 los recursos para llevar a cabo la medición. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado el trabajo. Explicó que ayer conversó con Prieto y que el mimo le afirmó que este año no se pudo realizar la mensura por los problemas económicos que atravesó la institución debido a la pandemia por Covid 19, y el cierre del Puente de la Amistad. “Nos manifestamos para que no se olvide de la promesa que nos hizo, porque necesitamos titular nuestros terrenos, tener algo seguro”, refirió.
Lamentó que los vecinos constantemente son molestados por órdenes de desalojo con presencia de efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Añadió que existen propiedades que han sido vendidas incluso cuatro veces por varias inmobiliarias también involucradas en el conflicto.
PROBLEMAS DESDE LOS 90’
El conflicto en la finca 66 y 13.471 data desde su expropiación en el año 1990 por la Ley 35/90, a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este. Según Barúa y varios pobladores, numerosas propiedades han sido vendidas por Javier Zacarías y Sandra McLeod de Zacarías durante su administración.
Varios títulos ya fueron emitidos en dichas propiedades, por lo que se cree que el trabajo de mensura podría generar un desajuste considerable en lo jurídico. En el momento de la expropiación del inmueble que pertenecía a la empresa La Bananera Paraguaya SA a favor de la Municipalidad, los terrenos ya estaban ocupados por sus actuales residentes.
