El diputado Ulises Quintana escuchando la imposición de sus medidas sustitutivas. Lo obligaron a fijar residencia en Asunción.
Por auto interlocutorio número 410, fechado al viernes último, la primera sala penal de apelaciones de la ciudad de Asunción resolvió la apelación general planteada por la representación legal del diputado Ulises Quintana, revocando el documento 900, del 22 de octubre, firmado por la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, y dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva para el legislador por Alto Paraná.
El parlamentario recuperó su libertad ambulatoria, pero le impusieron fijar domicilio en la ciudad de Asunción, de donde no podrá salir sin permiso jurisdiccional, medida que será recurrida, según confirmó el abogado Derlis Martínez, uno de sus representantes. En sus primeras declaraciones públicas luego de firmar los compromisos ante la jueza penal Hilda Vallejos, Ulises Quintana lamentó haber sido víctima del terrorismo judicial emprendido en su contra por el Poder Judicial y el Ministerio Público, dado que lo mantuvieron en prisión preventiva por 21 meses, cuando las calificaciones acusadas por la Fiscalía que lo investigó son delitos y, en consecuencia, no pudo permanecer encarcelado por más de seis meses.
Asimismo dejó entrever su eventual retiro político del movimiento liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, sin confirmar una alianza con el nuevo “Concordia Colorada”, de cara a las elecciones municipales del año 2021. El camarista Gustavo Ocampos González votó en disidencia, pero sus colegas Gustavo Santander Dans y Pedro Mayor Martínez hicieron mayoría para que finalmente se dé la revocatoria del auto de prisión denegada por cinco veces consecutivas en primera instancia.
“La Fiscalía utilizó un artículo derogado de la Ley 1.340 y revocado por el Código Penal vigente para involucrarme en lavado de dinero y los jueces de garantías, lejos de cumplir con su cometido, se ensañaron conmigo”, remarcó el parlamentario.
La primera sala penal de la Cámara de Apelaciones de la capital, primeramente admitió el recurso presentado por el abogado Oscar Germán Latorre, para luego revocar el auto apelado, condicionándolo a residir en Asunción, una fianza real de 300 millones de guaraníes, con las demás normas protocolares para beneficiarlo con la libertad ambulatoria. Quintana señaló que la Fiscalía acusó, pero no presentó elemento probatorio alguno en su contra. Cuestionó severamente a la fiscal Lorena Ledesma por la forma de encarar su investigación, y alegó que fue preso por responder una consulta jurídica que le hiciera en su momento, uno de sus clientes (Cucho Cabaña), tergiversada por la representación pública.
