MBARACAYÚ. Un nuevo caso de “polibandis” saltó ayer en esta zona, cuando agentes de la comisaría 14ª de este distrito intentaron chantajear a dos comerciantes, quienes trasladaban casi G. 80 millones en un automóvil para la adquisición de un vehículo. Pese a que tenían todos sus documentos en regla, los policías revisaron todo el vehículo, hallando el dinero escondido debajo de uno de los asientos. Exigieron G. 10 millones a los afectados, de lo contrario “les crearían problemas”. Recién con la intervención del Ministerio Público, las víctimas fueron liberadas y el dinero devuelto a sus propietarios.
Momento de la verificación del vehículo de las víctimas donde se encontraron los G. 79.000.000.
Agentes de la comisaría 14ª, encabezados por el propio jefe de la comisaría el oficial inspector Edgar Valenzuela, realizaron control de ruta (sin autorización del Ministerio Público) en la rotonda Mbaracayú, sobre el camino que une dicho distrito con Puerto Indio, el martes alrededor de las 19.00. Los uniformados atajaron un automóvil Fiat Palio, color negro, chapa BAC 261 PY, conducido por Simón Antonio López Franza, quien estaba acompañado por Mario Ismael Alvarez, ambos mayores, domiciliados en Hernandarias. Los mismos querían adquirir un vehículo en Mbaracayú, cuando fueron interceptados por los policías. Luego de revisar sus documentos, que estaban en regla, los policías comenzaron a revisar minuciosamente el interior del vehículo, hallando debajo de uno de los asientos la suma de G. 79 millones.
Ahí comenzaron a crear problemas, indicando que “era muy sospechoso” que transportaban dicha cantidad. Luego, ya directamente exigieron G. 10 millones para dejarlos pasar y “evitar problemas”, a lo cual se negaron rotundamente las víctimas. Cuando acudieron los abogados de los hombres, los policías se negaron a mostrar el acta, ya que no tenía la firma de dos testigos, algo imprescindible cuando se hace una revisión exhaustiva del vehículo. Tampoco tenían ninguna orden judicial para hacerlo, dicho sea de paso. Al no conseguir su objetivo, los uniformados informaron al agente fiscal de turno de Minga Porã, Carlos Almada, quien, a su vez, accionó a su colega Julio César Paredes, de la unidad especializada en la lucha contra el lavado de dinero, quien tuvo que acudir de Ciudad del Este para tomar intervención. Luego de los trámites de rigor, las víctimas fueron liberadas y el dinero devuelto.
Para justificar su operativo extorsivo, los uniformados alegaron una supuesta “verificación preliminar” del rodado, cosa que no existe, salvo la existencia de alguna sospecha concreta, que no había.
CHEQUEO DE DATOS PERSONALES, VÍA CELULAR PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS
Un dato llamativo es que la verificación de las cédulas de identidad de las víctimas fue realizada a través de los teléfonos celulares de los policías, no vía frecuencia de la radio policial, que es el método usual. De acuerdo con los datos, este es el “modus operandi” empleado para poder “negociar” con personas que tienen orden de captura. Si transmiten vía radio, quedan “rastros” y los jefes se podrían enterar de la operación, por lo cual prefieren usar los celulares para revisar los datos personales de las personas, accediendo a la base de datos policial. Según indicó nuestro informante, el 95% de los agentes policiales no tienen el sistema legalmente en sus celulares, sino recurren a los servicios de un tal Miguel Martínez, morador del barrio Ciudad Nueva, experto en bajar el sistema en forma clandestina a los celulares de los uniformados. Cabe indicar que hasta el momento no se abrió sumario para verificar la actuación de los “polibandis” de Mbaracayú.
