El fiscal especializado antinarcótico Elvio Aguilera ordenó la detención y procesó a un agente policial por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, agravada por su condición de custodio del orden y la seguridad pública. Se trata de Oscar Rene González Cardozo, de 51 años, personal policial con residencia en el km 10 Acaray, cuya conducta está preliminarmente encuadrada dentro de las previsiones de los artículos 27 y 39 de la Ley 1.340 y sus modificaciones, en concordancia con el 29 del Código Penal.
El policía fue denunciado por un tapicero a quien le encargó trabajos de su ramo, consistentes en cambio de tapizado de dos sofás y una cama tipo somier. Al desarmar los muebles, el tapicero encontró dos paquetes sujetados e inmovilizados, envueltos en polietileno, dentro de una mochila tipo camuflaje. El tapicero dijo creer que se trataba de dinero en efectivo, puesto que los bultos eran de peso considerable, pero tras su verificación se encontró con la sorpresa de la sustancia prohibida y de inmediato comunicó el hecho al puesto policial de la jurisdicción.
La representación pública acudió al llamado de la Policía en la vivienda del tapicero, donde se ordenó la realización de la prueba primaria de campo, con resultado positivo a presunta marihuana, situación que derivó en la orden de detención de González Cardozo, pendiente de cumplimiento. Se contaron 36 paquetes que totalizaron 28 kilos de marihuana. El artículo 39 de la Ley 1.340, señala que, “el funcionario público, militar o policial que prevalido por su investidura o encubrimiento cometiere cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, sufrirá la pena máxima correspondiente al grado de su participación”.
En el caso puntual, Aguilera cuenta con razonables sospechas de la intervención directa del agente policial en el caso que investiga. El uniformado con orden de captura se desempeña a la fecha como jefe del puesto policial nº 7de Chino Cué, distrito de Itakyry, y los investigadores sospechan que olvidó la guarda de la mercancía prohibida para entregar sus muebles al tapicero que lo denunció y entregó las evidencias a las autoridades competentes. Se expone a penas que oscilan entre 5 y 25 años de pena penitenciaria, conforme la disposición legal vigente. La Fiscalía pidió seis meses de plazo para colectar evidencias y presentar requerimiento conclusivo en el caso.