La gestión del intendente está siendo investigada por la Contraloría General de la República.
Para hoy, a las 09:00, se anuncia una caravana “anticorrupción” en Minga Guazú, en el km 16, lado Acaray. En la Municipalidad actualmente la Contraloría General de la República lleva a cabo una auditoría de la ejecución presupuestaria del intendente Digno Caballero (ANR) del 2019 y primer cuatrimestre del 2020. Caballero es intendente de la ciudad desde el 2010, y en los últimos meses fue denunciado por concejales por numerosos hechos de corrupción. Asimismo, su esposa, la diputada Blanca Vargas de (ANR), declaró ser accionista de tres empresas que fueron beneficiadas con millonarios contratos en la comuna minguera.
El punto de encuentro para la movilización es el surtidor ubicado en la entrada del km 16 Acaray. La convocatoria fue hecha por los concejales municipales, los colorados Eudes Mereles, Edgar Franco, Proto Meza y Oscar Romero Roa. Los mismos, en un video grabado en la Junta Municipal de Minga Guazú, invitan a la ciudadanía a participar de la movilización a la que llamaron “pacífica y anticorrupción.
Los ediles realizaron diversas denuncias ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado sobre numerosas irregularidades, malversaciones y faltantes registrados en la administración de Digno Caballero. Hoy es el cuarto día de trabajo de los auditores del ente contralor, quienes están instalados desde el lunes en la comuna minguera para relevar datos para la investigación de la ejecución presupuestaria de los últimos 16 meses, y permanecerán allí hasta mañana. En unos 60 días más darán a conocer un informe preliminar sobre el estudio realizado.
En junio pasado, los concejales presentaron la denuncia ante la Fiscalía General, sobre un supuesto faltante en la cuenta de Royalties de la Municipalidad de Minga Guazú de G. 116.298.838, además de otra suma en impuesto de juegos de azar por G. 72.820.272, una malversación de recursos Royalties de G. 690 millones, y un supuesto pago indebido a una exfuncionaria, familiar de la esposa de Caballero, diputada Blanca Vargas de Caballero, de G. 32.469.156. Se trata de la hermana de la parlamentaria, Asunción Vargas.
Asimismo, la semana última los ediles presentaron una ampliación de la denuncia ante la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras acceder a extractos bancarios de la comuna, de enero a agosto del 2019, utilizado para el cruce de datos con los informes de la recaudación diaria de la comuna, obtenida en la página web de la Municipalidad. Allí se detectó que no coincidían los montos depositados en la cuenta bancaria de la comuna, y lo recaudado. Por ello, la semana pasada los ediles presentaron una ampliación de la denuncia presentada en junio ante la Fiscalía General del Estado, agregando un faltante de G. 1.208.000.000, consistente en la recaudación que no se llegó a depositar.
IMPUTADO
El intendente también está imputado por delito ambiental, tras haber habilitado un vertedero a la empresa Serteco, a nombre de Feliciano Ríos Ocampos, sin que el lugar reúna las mínimas condiciones ambientales para recibir y tratar la basura de la ciudad. La empresa presta servicio de recolección y disposición final de residuos en el distrito, desde hace algunos meses. El hermano de Caballero, Rogelio Caballero Ruiz, sería accionista de esta empresa, por lo que es beneficiada por el jefe comunal, pese a los severos cuestionamientos.
EMPRESAS DE LA DIPUTADA
La diputada Vargas de Caballero, plasmó en su declaración jurada en el 2013, al asumir como parlamentaria, que es accionista de las empresas: Po Kuarahy Rese, Dimafre S.A. y T y F, que fueron beneficiadas por más de G. 5.000 millones con obras, adjudicaciones para adquisición de piedra y combustible, por parte de la comuna minguera. Los ediles también pidieron investigación por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia.
Los ediles no descartan que tras la investigación se detecten más faltantes y negociados.
