La parte más álgida del infructuoso procedimiento fiscal. Esta semana la comitiva volverá a Salto del Guairá en busca de evidencias.
Luego de ser literalmente “atacada” en Salto del Guairá, el viernes pasado, la fiscal anticontrabando, funcionarios de la unidad a cargo de la fiscal Nilsa Torales, anunciaron ayer que en el curso de la presente semana volverán a la citada ciudad para traer las evidencias incautadas y que quedaron con la propietaria del negocio en carácter de depositario judicial. El procedimiento se realizó tras una denuncia del coordinador de investigaciones aduaneras, COIA, Germán Zonetti, que tipificaba el hecho punible de contrabando, según el escrito que originó la investigación.
El allanamiento se llevó a cabo en el comercio denominado “Actitud y Tendencia”, propiedad de Luz Carolina Medina Ayala, con mandamiento firmado por el juez anticontrabando Humberto Otazú, de la capital del país. Tras la revisión pertinente, la comitiva de la fiscal Torales decomisó 640 prendas presumiblemente de marcas brasileras y presuntamente falsificadas. En determinado momento del procedimiento, la comunidad civil de Salto del Guairá, que en su mayoría acostumbra trabajar al margen de la ley, se levantó contra la disposición fiscal y arremetió con todo frente al comercio allanado, evitando que se consumara la incautación de las mercaderías.
Los manifestantes se portaron de manera violenta, llegando a reventar una cubierta del móvil que utilizaba la comitiva fiscal para cumplir el mandamiento judicial y atacaron el vehículo con huevos y otros elementos contundentes. El mismo intendente, Carlos César Haitter, levantó su voz de protesta contra la acción fiscal, señalando que cuando menos es “inoportuna la intervención de la Fiscalía, ya que la comunidad está volviendo a reinventarse” luego de siete meses de cuarentena sanitaria. Agregó que no está de acuerdo con la actitud de la ciudadanía y tampoco de la Fiscalía, evidenciando que apoya el comercio ilegal.
De hecho, se tomarán todas las precauciones para llegar a la ciudad con protección de la fuerza pública de manera a concluir con el operativo y rescatar la evidencia que posteriormente será sometida a peritaje para determinar si son o no falsificadas y traídas de contrabando al país. Se actuó con todos los aditamentos legales y en el marco de una denuncia concreta y responsable, señalaron fuentes de la unidad. Intentamos averiguar eventuales medidas tras la intervención ciudadana que forzó el retroceso del procedimiento, al menos de momento, pero no pudimos hablar con la responsable del procedimiento que fue frustrado por la reacción de los comerciantes que acostumbran trabajar con productos falsificados y contrabandeados.
