La estancia Pindó, ubicada en Canindeyú, fue asaltada violentamente por invasores de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el 28 de marzo del 2015. Antes de la invasión, el total de superficie con bosques nativos en el inmueble era de 3.657 hectáreas. Estudios satelitales realizados en el 2018 muestran que, en apenas tres años de ocupación, la propiedad sufrió la deforestación de casi 1.200 hectáreas de bosque.
Estudios satelitales muestran que casi el 50% del área invadida ya fue deforestada.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) denunció que la invasión a la estancia Pindó, seguida de una deforestación impune, es acompañada desde hace años por los senadores del Frente Guasu Hugo Richer y Sixto Pereira. En la actualidad, los ocupantes siguen depredando el lugar con apoyo de estos políticos populistas, faltando a la Ley 716/96 de delitos ambientales.
El artículo 10 del Estatuto Agrario expresa que no son pasibles de expropiación las áreas e inmuebles con reservas forestales obligatorias, y las áreas de aprovechamiento y conservación forestal como en el caso del inmueble invadido por los supuestos campesinos sin tierra.
“Los legisladores que impulsan y sostienen la invasión de tierras con bosques, están promoviendo abiertamente la violación de la Constitución Nacional y las Leyes de la República que han jurado cumplir y hacer cumplir”, fustigó en un comunicado la UGP.
¿DÓNDE QUEDA LA LEY DE DEFORESTACIÓN CERO?
Según esta ley, vigente desde el 2005, no se puede realizar desmontes para uso agrícola o ganadero, ni instalar asentamientos en tierras boscosas de la región oriental.
